El 19 de junio a las 3.20 de la mañana fue asesinada de un balazo en la puerta de su domicilio Sara Adela Calla Cheje, presidenta de la Urbanización Villa Hermosa del Misti, de Juliaca. Era profesora en Desaguadero, y allá se dirigía.
Este cobarde asesinato se supone fue cometido por sicarios, presuntamente contratados por personas vinculadas al funcionamiento ilegal de cantinas y otros antros, asociados a la comisión de delitos como narcotráfico, prostitución, explotación sexual de menores y otros.
La inseguridad ciudadana está ganando terreno en el país. Está vinculada a la violencia de narcotráfico, sicariato, minería ilegal y contrabando, ante la debilidad o inoperancia de las instituciones del Estado como la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y municipalidades.
El combate a la delincuencia también requiere del ejemplo y accionar probo de las autoridades. Si éstas se involucran en actos criminales, la ciudadanía pierde la confianza política y social. Es lo que suceden en el país donde seis expresidentes están presos, enjuiciados o se han suicidado ante las pruebas de su involucramiento en delitos de corrupción, de lo que también son acusados congresistas, alcaldes y gobernadores.
Frente al asesinato de Sara Calla, la población ha respondido movilizándose de manera contundente. Juliaca paralizó el 19 y 20 de junio además de haberse quemado locales donde funcionaban, ilegalmente, centros de delincuencia.
Esperamos que el asesinato de Sara Calla no quede impune y la ciudadanía permanezca organizada sin replegarse, para impedir que la violencia e inseguridad sienten bases en Puno como viene sucediendo en otras regiones del país.
