Es el colmo que Vladimir Cerrón, quien debería ser uno de los hombres más buscados del Perú, continúe desempeñando un papel protagónico en la política nacional. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha declarado que la policía tiene conocimiento del radio de ubicación de Cerrón, pero aún no lo capturan. Mientras tanto, el congresista Luis Cordero Jon Tay propone la escandalosa idea de permitir que los sentenciados por corrupción puedan postular a la presidencia de la República. Como si esto no fuera suficiente, el líder prófugo de Perú Libre logró dar un discurso virtual de 47 minutos en un evento de su partido. Un día después se ensalzó su figura en una exposición fotográfica en el Congreso, a pesar de estar sentenciado por corrupción.
Este panorama refleja un sistema en el que todo parece estar diseñado para favorecer a un hombre que, desde la clandestinidad, sigue desafiando al Estado y riéndose en la cara de todos los peruanos. Cerrón, prófugo desde octubre del año pasado, actúa con el desparpajo de quien se siente intocable, mientras las autoridades del Ejecutivo y Legislativo miran hacia otro lado.
La inacción y la permisividad de quienes deberían velar por la justicia y la ley no solo deslegitiman a las instituciones, sino que también erosionan la confianza ciudadana en el sistema democrático. La desvalorización de estos poderes del Estado es una consecuencia directa de su incapacidad para actuar con firmeza frente a los delincuentes.
