El Perú de hoy es una economía abierta. No es un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones correctas y de una agenda compartida entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Los resultados están a la vista. Las exportaciones pasaron de cerca de US$ 7,000 millones en el año 2000 a más de US$ 90,000 millones el último año. Las agroexportaciones, de apenas US$ 642 millones, hoy superan los US$ 14,500 millones. No es retórica; es evidencia. Pero ese avance no es irreversible. Hoy enfrentamos una pérdida de competitividad. Rigideces laborales, brechas de infraestructura —que afectan sobre todo a las regiones— y una permisología excesiva están frenando la inversión. Sin competitividad, la apertura no genera bienestar. Y sin bienestar, el descontento crece. En ese contexto, resulta particularmente preocupante que algunas propuestas de una de las opciones que llegaría a segunda vuelta apunten en sentido contrario a la evidencia. Desde el entorno de Roberto Sánchez se plantea una mirada crítica de la apertura comercial, con señales de proteccionismo, revisión de acuerdos y un mayor énfasis en el mercado interno. Incluso, se ha sugerido limitar exportaciones para “asegurar” el abastecimiento interno. La pregunta es inevitable: ¿a dónde irían los más de US$ 2,400 millones en arándanos que exporta el Perú, o las 756,000 toneladas de uvas? Limitar el comercio no protege; destruye mercados, ahuyenta inversión y golpea el empleo. El camino es claro: corregir los problemas de competitividad para aprovechar mejor nuestra inserción global. No desandar lo avanzado. Porque cerrar la economía no es una solución. Es, simplemente, retroceder sobre lo que tanto costó construir.
