Las investigaciones puestas en marcha por la Fiscalía y la propia Policía Nacional tras sucesos lamentables del sábado 14 de noviembre último, deben determinar con exactitud las responsabilidades personales de aquellos malos efectivos, sin importar su rango, que ordenaron y ejecutaron la represión violenta contra los que se manifestaron ante la situación política que se vivía esos días en el Perú.
Los trágicos hechos que han enlutado al país no pueden enlodar a toda una institución como la Policía Nacional cuyo personal, a lo largo de su historia, ha dado sobradas muestras de sacrificio y abnegación en favor de la comunidad.
Sin ir muy lejos, lo demuestran lo sucedido durante la pandemia en que más de 500 policías perdieron la vida; o en el Niño Costero de 2017, en que cientos de agentes estuvieron al lado de los peruanos más afectados incluso arriesgando su integridad.
Se debe exigir sanción a los responsables de la violencia y en especial de la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, pero eso no debe implicar un maltrato a toda una institución que tiene mucho por mejorar, pero que no puede ser cuestionada de forma general.
