El Congreso atraviesa una de sus crisis más graves tras las denuncias sobre una presunta red de prostitución dentro de sus instalaciones, agravadas por el reciente asesinato de una exasesora parlamentaria. Si bien este Poder del Estado ya cargaba con el rechazo mayoritario de la ciudadanía, señalado por sus excesos y actos de corrupción, este nuevo escándalo lo hunde aún más en el descrédito y la indignación pública.
Los congresistas han sido criticados por años como “mochasueldos”, por legislar en favor de organizaciones criminales, e incluso por violaciones. Ahora, enfrentan acusaciones aún más graves: la supuesta implementación de una red de explotación sexual bajo su amparo. Estos hechos no solo son indignantes, sino que requieren una respuesta inmediata y contundente. Para ello son necesarios la transparencia y compromiso institucional para esclarecer los hechos.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tiene la obligación moral y política de garantizar que el Ministerio Público reciba toda la colaboración necesaria para una investigación exhaustiva. Su partido, Alianza para el Progreso (APP), se encuentra bajo la lupa debido a la vinculación del exfuncionario Jorge Torres, acusado de liderar la presunta red de prostitución.
La ciudadanía no puede tolerar más impunidad en un Poder del Estado que, en lugar de representar sus intereses, parece haber sido convertido en un nido de corrupción y delitos.
