El proceso electoral vivido el domingo 12 muestra graves deficiencias, que proyectan sombras sobre su legitimidad.
Al no instalarse oportunamente 211 mesas de sufragio, en Lima Metropolitana Sur, Orlando y Patterson, se afectó el derecho al voto de 63,000 electores.
Ante las protestas suscitadas y ¿el pedido expreso de la candidata Fujimori?, el Jurado Nacional de Elecciones amplió la hora de cierre y el plazo hasta el lunes 13 para que puedan votar los ciudadanos perjudicados, con lo que sentó un precedente inusual y polémico. ¿Habrían procedido igual si las mesas no fueran en Lima o EE.UU.?
La ONPE responsabilizó a la empresa Servicios Generales Gálaga por incumplir con la distribución del material electoral. Luego sabríamos que esta empresa ha sido proveedora de la Municipalidad de Lima, siendo el exalcalde actual candidato.
El JNED ha denunciado al jefe de la ONPE, luego renuncia el gerente de Gestión Electoral y lo detienen.
Las sombras sobre la transparencia electoral vienen de atrás por las normas congresales que fragmentaron el sistema político. Con 17% se puede lograr mayorías en el Congreso, mantener la inestabilidad política y profundizar la serísima crisis de régimen y representación.
La transparencia electoral es requisito para garantizar el derecho al voto ciudadano y el respeto a su elección. Cualquier sospecha sobre esta debilita nuestra precaria y desigual democracia.
Los demócratas nos unimos en defensa de la división y el equilibrio de poderes. Soportamos y derrotamos una dictadura que pretendía ser dinástica y nos toca, hoy, cerrarle el paso nuevamente sosteniendo la elección popular.
