La reciente aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de un informe para inhabilitar políticamente a Martín Vizcarra ha generado ruido. Esta decisión, que ahora pasa a manos de la Comisión Permanente, podría tener consecuencias trascendentales no solo para el exmandatario, sino también para los expresidentes del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, también implicados en el caso.

El contexto de este proceso tiene como eje central la disolución del Congreso en 2019, un acto que ahora regresa al centro del debate nacional. Si la inhabilitación se concreta, Vizcarra quedará fuera de la esfera pública por una década. recordemos que tiene otra sanción idéntica vigente tras haber sido vacado por incapacidad moral.

No se puede obviar que el Congreso actúa dentro de sus atribuciones al evaluar estas denuncias. Como órgano encargado de velar por el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho, la responsabilidad de sus miembros es garantizar un proceso justo, transparente y libre de intereses subalternos. Solo esto podrá hacer que el resultado de la decisión sea incuestionable.

En paralelo, Vizcarra enfrenta un proceso judicial por presuntas coimas recibidas durante su gestión como gobernador de Moquegua. Este caso, que tendría que llevarlo a prisión, también está bajo la lupa y exige celeridad de los órganos de justicia. Esto será clave para evitar que se convierta en otro ejemplo de impunidad.