El jueves 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional por cuatro votos contra tres resolvió declarar improcedente, por sustracción de la materia, la acción de competencia interpuesta el 12 de setiembre por el Consejo de Ministros, en contra del Congreso. Su argumento fue que ya se declaró la vacancia del hoy expresidente Martín Vizcarra y que ya tenemos un nuevo mandatario en ejercicio, Francisco Sagasti, tras la renuncia de Manuel Merino.
La decisión del TC por mayoría, con los votos de los magistrados Blume, Ramos, Ferrero y Sardón, impide resolver cuándo, legal y legítimamente, procede declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, declarada por dos tercios del Congreso.
No solo han perdido la oportunidad de aclarar este aspecto confuso en nuestra Constitución, sino que prolonga la crisis que se genera por la inestabilidad de la Presidencia de la República ante una interpretación forzada por parte de quienes, desde el Congreso, defendiendo sus intereses en universidades a las que se les ha denegado la acreditación y su inmunidad que debe ser eliminada, emplean sus cargos para evadir la acción de la justicia.
El TC, como máximo intérprete de la Constitución, actuando en forma autónoma e independiente y en función de los intereses del país, debió definir la causal de incapacidad moral permanente, pero optó por lavarse las manos y mantener el silencio ante las evidencias del golpe de Estado parlamentario. Con esto han prolongado la crisis política y posibilitan el surgimiento de nuevas intentonas de vacancia.
