A la desarticulación del gobierno se le vio el fustán en la cumbre minera más importante del Peru (PERUMIN) que se llevó a cabo en Arequipa. Durante la inauguración del evento, el ministro de energía y minas dijo que “...Tía Maria es un proyecto muy importante para el país. Los deseos que tenemos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión”. Al día siguiente, el mismísimo premier, Alberto Otárola, señalaba enfático que el proyecto minero Tía Maria “…no estaba en la agenda del gobierno”. Una gruesa contradicción que no pasó desapercibida.
La empresa Southern Perú Cooper Corporation, operadora del proyecto Tía Maria y cuya inversión se calcula en unos dos mil millones de dólares, se encuentra en pleno proceso de sensibilización con la población aledaña a su zona de influencia, buscando la comprensión y destrabe del proyecto.
Bajo el lema “TIA MARIA no va” un grupo de activistas antimineros ha venido desarrollando distintos actos, algunos violentos, para impedir que el proyecto, que cuenta con todas las licencias y permisos que manda la ley, vea la luz. Se han repetido constantes falsedades como la que el proyecto podría afectar la agricultura del Valle del Tambo, pero ello no tiene sustento real. Según datos de ANA (Autoridad nacional del agua), el 100% de la demanda de agua en el país es de 26,080 millones de m3, de los cuales la agricultura consume el 88,8%, mientras que las poblaciones demandan el 8,89%, la industria el 0,95% y el sector minero el 1,04%. Las cifras oficiales demuestran que la minería no es una actividad económica intensiva en el uso del agua como pretenden hacer creer algunos opositores a esta importante actividad extractiva. Entonces, si la actividad minera ocupa el 1,09% de nuestro territorio, consume el 1,04% de todo el volumen de agua, genera el 60% de nuestras exportaciones y el Estado recauda de ella el 33% del total de Impuesto a la Renta, además de ofrecer abundante cantidad de trabajo formal, ¿porque existe todavía oposición a la ejecución de proyectos de minería formal? A pesar de todo lo expresado, el gobierno no se decide a apostar por la promoción de actividades mineras de manera abierta, sabiendo que ella aporta el 11% del PBI nacional y que podría ser la turbina que marque la aceleración de nuestra alicaída economía nacional.
