“Moral a tope !!! Todo Por El Perú !!! Avanzamos !!!”, posteó ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Todo indica que lo hizo para darse ánimo ante las cuatro mociones de censura que lo ponen con un pie fuera del gabinete. Es como el entrenador de fútbol que en el entretiempo le dice a sus jugadores: “Vamos que podemos!!! Estamos haciendo bien las cosas y solo falta concretar en el arco contrario”, cuando su equipo pierde 6-0.

Adrianzén tiene que saber “que no hay mejores relaciones públicas que el resultado”, como decía el excampeón mundial argentino Jorge Valdano. “Como decía Napoleón ‘el mejor orador es el triunfo’”, añadía. Por lo tanto, sus palabras no sirven de nada en estos momentos que el país está a la deriva.

Más de un congresista ha manifestado que el premier debe dar un paso al costado y que el Parlamento debe proceder a la censura. Parece que hay mayoría, pese a que hasta el momento Fuerza Popular, Somos Perú, Perú Libre y Alianza para el Progreso no han firmado ninguna de las cuatro mociones contra Adrianzén, evidenciado su complicidad con Dina Boluarte.

Este Gobierno solo demuestra improvisación e inoperancia ante los graves problemas que atraviesa el país. Sin embargo, el problema es mayor cuando no se rectifica el camino. Una institución seria hace del fracaso una fuente de formación y autocrítica. Eso no ocurre en el Ejecutivo, en el que nadie reivindica los terribles sucesos que ocurren en el Perú.

En ese contexto, no sorprende la férrea defensa que la presidenta Boluarte hace de su primer ministro. Pero el país no puede seguir gobernado bajo criterios de lealtades personales o conveniencias políticas. El momento exige grandeza y responsabilidad. Ningún funcionario, por más cercano o útil que sea en términos políticos, puede estar por encima del bien común.

Perú está siendo devorado por la criminalidad y por la inacción del poder. Si no se produce un giro radical en la conducción del Gobierno, lo que seguirá cayendo no será solo la credibilidad de un gabinete, sino la confianza misma en que el Estado es capaz de proteger a sus ciudadanos.