En el transcurso de las ultimas semanas, se ha hecho de conocimiento publico como las bandas extorsionadoras en Lima y Callao están tomando el transporte público, generando pérdidas de vidas humanas y el temor de la población de tomar una decisión fundamental en la vida cotidiana: ganarse el sustento diario. Así de crítico.
Solo ayer paralizaron operaciones por lo menos siete empresas de transporte publico de Lima Norte, dejando sin medios de transporte a miles de usuarios de la ciudad. Sin estrategia para proteger la sangre que recorre las arterias de la ciudad, nos acercamos a un escenario de paralización social y económica. Ya el Instituto de Economía Peruana publicó hace unos meses la caída de Lima en el Índice de Competitividad Regional, explicado básicamente por el deterioro de la región en el pilar institucional debido a la las altas tasas de victimización por hechos delictivos (la más alta del país).
Es imperativo que las autoridades competentes tomen las riendas del problema pues la ciudad (y el país) no soportaran tan alto nivel de indefensión. Esta situación tiene que terminar pues está llegando a extremos impensables. Además de la violación del derecho a circular en libertad y con seguridad, esta situación no hace más que debilitar nuestra joven democracia, exacerbar el hartazgo y generar un caldo de cultivo para situaciones extremas que todos deseamos evitar. Es imperativo que todos los poderes del Estado tomen conciencia de esto y hagan algo al respecto. Todos tomamos un bus de transporte público, un taxi, todos circulamos por las calles con paraderos, todos. Y en ese sentido, bien se haría en derogar la norma aprobada en mayo de este año con la que prorroga por varios años más la circulación de unidades vehiculares precarias e inhumanas. Tierra de nadie.
