En esta edición de Correo Lima damos cuenta de la cantidad de veces que la presidenta Dina Boluarte ha tratado de hacer larga su asistencia al Ministerio Público para responder por las múltiples investigaciones que tiene abiertas en su contra desde el primer momento en que asumió la jefatura del Estado, lo que deja en claro que las tan mentadas “transparencia” y “voluntad de colaborar con la justicia” no son tan grandes como las pintan sus palabras.
Es verdad que la ley permite a un investigado pedir la reprogramación de una citación inicial emitida por un fiscal o un juez. Es su derecho y nadie se lo puede quitar. Pero una mandataria que tiene que dar la cara a los magistrados, pero sobre todo a los ciudadanos que la han puesto en el cargo, no debería apelar a esos legalismos para dilatar los interrogatorios. Debería ser la primera el acudir a responder lo que haya que responder. ¿No era que el que no la debe no la teme?
También es cierto que una mandataria tiene una agenda copada de actividades. Pero la gran mayoría de sus participaciones en actos propios de su cargo son reprogramables, especialmente cuando se trata de aclarar asuntos que ponen en riesgo la propia estabilidad del país, como el “caso Rolex” o el caso cofre”, que según la gobernante debería ser archivado por vencimiento de plazos. El que quiere y puede ser transparente, lo es sin tanta citación fallida ni intento por matar la investigación.
Salvando las distancias, no veo mucha diferencia entre la actitud de la jefa de Estado con la de su antecesor, el golpista Pedro Castillo, quien mientras estuvo en el poder apeló a todo para no ser investigado, al tiempo que en la plaza pública decía que era el primer interesado en que todas las denuncias de corrupción que pesaban en su contra, sean aclaradas. Puro cuento, puro palabreo. Y no olvidemos que algunas veces acudía a la Fiscalía y se jactaba de ello, pero más tarde se sabía que había apelado a su derecho al silencio.
Está muy bien que la presidenta se haga asesorar por sus abogados penalistas para hacer frente a las investigaciones que tiene, pero sobre todo, tendría que escuchar los consejos de su entorno político, si es que lo tiene, pues una autoridad se debe a los ciudadanos, que son los que en casi dos años vienen viendo cómo la señora habla mucho de manos limpias, pero a la hora de ir a declarar se pone difícil, apela a trabas, a dilaciones y se queja públicamente, siempre apoyada por sus ministros.
