El oro es uno de los principales motores de exportación del Perú. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, entre enero y octubre de 2025 las ventas superaron los US$15 mil millones, consolidando su peso en la balanza comercial y en la recaudación fiscal. Sin embargo, detrás de estas cifras persiste una debilidad estructural: la ausencia de un sistema obligatorio de trazabilidad del mineral.
Las economías ilegales mueven más de US$12.600 millones al año en el país, y la minería ilegal de oro concentra alrededor de US$6.800 millones. Esto genera pérdidas cercanas al 2,5% del PBI, menor recaudación y menos desarrollo. Pero además afecta la competitividad: la falta de garantías sobre el origen reduce el valor del oro formal en los mercados internacionales y limita su acceso a mejores condiciones de comercialización.
Hoy, los principales compradores, refinerías y entidades financieras exigen estándares cada vez más rigurosos de debida diligencia. La transparencia dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición de acceso a mercados y financiamiento. La confianza es parte del precio.
La minería moderna asume la sostenibilidad como un sistema de gestión integral, con certificaciones, auditorías y trazabilidad. Implica mayores costos en el corto plazo para asegurar competitividad en el largo plazo. Sin reglas claras ni fiscalización efectiva, la asimetría regulatoria distorsiona el mercado y castiga a quienes cumplen.
Fortalecer el control del origen del oro no es solo fiscalización: es una decisión estratégica. En una industria donde el precio se define globalmente, el verdadero diferencial es la confianza y la transparencia.
