Para nadie es una sorpresa que, y por más que sus impulsores y defensores quieran negarlo, en torno a la eufemísticamente llamada minería “informal” o “ancestral” se han establecido economías paralelas donde manda quien tiene mayor dinero o poder de fuego.
Las matanzas, la trata de blancas, el sicariato, y la extorsión en zonas mineras como Pataz y Madre de Dios lo demuestran y que el Congreso haya aprobado ampliar, por un año mas, el paraguas legal que otorgaba el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a este sector demuestran hasta dónde llega el poder que tienen.
Sí, desde el Congreso van a decir que lo que se aprobó fue mucho menos que el escandaloso predictamen que lo ampliaba por dos años y que permitía el retorno de los 50 mil excluidos al tiempo que suspendía todos los procesos de exclusión en curso. El escrutinio hizo que le bajaran el tono pero ahí tenemos un año más de Reinfo, edulcorado para que quienes votaron a favor puedan decir a sus eventuales electores que lo hicieron porque le bajaron el tono y porque permitirá que miles de pequeños mineros sean completamente ilegales, es decir, el mal menor.
Finalmente, esto significa que las economías paralelas han recuperado espacio, por más que el Congreso y el Ejecutivo, lo nieguen y que nadie en el poder está dispuesto a asumir el costo político de desmantelar esta industria ilegal que le roba el futuro a millones de peruanos.
