La semana pasada, tanto la presidenta Dina Boluarte como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, han estado en la región Piura y recibido el clamor de la población para que se tomen acciones decisivas en contra de la criminalidad que especialmente en las principales ciudades de la costa norte, se ha ensañado con el ciudadano de a pie que todos los días sufre y es testigo de asesinatos, robos, extorsiones y otros delitos.
Piura, Lambayeque, La Libertad y la costa de la región Áncash, están a merced de la criminalidad no desde ahora, sino por casi dos décadas en que los ciudadanos han visto pasar a diversos presidentes y a decenas de ministros del Interior, que en la práctica no han hecho nada para que sus ciudades sean lugares seguros para ellos y sus familias. El hartazgo es totalmente comprensible.
Lamentablemente, el actual gobierno ha lanzado mucho fuegos artificiales como la salida de los militares a las calles, pero los asesinatos, los robos, las extorsiones y hasta las acciones terroristas que se cometen en la sierra de La Libertad parecen imparables, lo que se agrava con una Policía Nacional infectada de elementos corruptos y un sistema de justicia que no actúa con el rigor que le ley le permite.
La cosa es crítica en todo el país, pero especialmente en la costa norte, donde los ciudadanos parecen abandonados a su suerte. Por eso, comprendemos el clamor hacia la mandataria y el ministro, que están en la obligación de mostrar resultados, por más que en su día a día se la pasen tratando de sobrevivir en sus cargos.
