Cada vez que el fenómeno El Niño vuelve a ocupar los titulares, el país reacciona como si se tratara de un evento inesperado. Sin embargo, la próxima emergencia comenzó hace años. No por la lluvia, sino por nuestra incapacidad para convertir el riesgo en una política pública sostenida. Hemos privilegiado la respuesta antes que la prevención y la excepción antes que la planificación.
La cartera de la ANIN comprende 73 proyectos por S/ 28.24 mil millones, pero el 52.6 % permanece pendiente de financiamiento. Más preocupante aún, el 66 % de ese saldo corresponde a proyectos de protección frente a inundaciones: precisamente la infraestructura que el país debería tener concluida antes del siguiente episodio climático.
El problema tampoco puede atribuirse únicamente al Gobierno Nacional. Entre 2016 y 2026, los gobiernos regionales devolvieron al Tesoro Público S/ 5,142 millones destinados a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. Piura, Áncash e Ica, tres de las regiones históricamente más expuestas a El Niño, encabezan el ranking de recursos no ejecutados. La propia evolución del presupuesto revela un patrón inequívoco: seguimos asignando recursos con una lógica reactiva cuando el país necesita una estrategia permanente de gestión del riesgo.
Por ello, se requiere de un Estado que alcance la madurez: asegurar, mediante seguros privados, la infraestructura pública ubicada en zonas críticas; crear un observatorio con big data que identifique los puntos persistentes de falla; reestructurar el Programa Presupuestal 068 para darle un tratamiento específico; y diseñar contratos ex ante que se activen automáticamente ante el fenómeno o lluvias críticas. Mientras sigamos planificando después de la lluvia, el próximo desastre ya habrá empezado.
