A menos de un mes de haber asumido el mando, la presidenta Keiko Fujimori enfrenta ya una ofensiva parlamentaria que amenaza con convertir el inicio de su gestión en un nuevo escenario de confrontación política. Juntos por el Perú ha presentado tres mociones de interpelación contra los ministros de Defensa, Interior y Energía y Minas. A ello se suma la inminente citación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, a raíz de su anuncio sobre la reducción de multas.
El Congreso tiene, por supuesto, el derecho y el deber de ejercer control político. La interpelación es una herramienta constitucional legítima y necesaria en una democracia. Los ministros deben responder por sus decisiones y explicar ante los representantes de la ciudadanía aquello que corresponda. El problema aparece cuando ese mecanismo se utiliza de manera prematura, sin que haya transcurrido siquiera un tiempo razonable para evaluar una gestión.
Cuatro semanas o menos de un gobierno difícilmente permiten determinar si un ministro es eficiente o incapaz. La administración pública requiere tiempo para conocer el estado real de las instituciones, ordenar equipos, revisar presupuestos, establecer prioridades y comenzar a ejecutar políticas. Pretender resultados inmediatos puede ser comprensible desde la ansiedad ciudadana, pero no necesariamente desde una evaluación responsable de la gestión pública.
