Casi todos los países del mundo enfrentan la post pandemia con crisis económica y social. El Perú no es la excepción, pero agrega el deterioro de las instituciones por el año y medio de desgobierno de Pedro Castillo. La pandemia tuvo un desacertado manejo con Martín Vizcarra, en lo sanitario y en la administración, como lo prueban las cifras de alta mortalidad y de decrecimiento de la economía con un gasto fiscal, presuntamente de ayuda social, sin rendición de cuentas. Si los antiguos Estados de Bienestar están en problemas y deben ser repensados para enfrentar nuevos desafíos, imaginemos lo que será en nuestro país con una agenda social rezagada y un incremento de la pobreza que se dice lo superaremos en veinte años. En lugar de unirnos para incrementar el empleo y dar confianza a la economía con estabilidad política, tenemos una ola de criminalidad, delincuencia y corrupción que nos avasalla. Cuando en otros países se tejen redes de solidaridad vecinal o sectorial y se impulsan espacios de economía social y cooperativa para generar una ocupación digna, aquí estamos sitiados por la inseguridad y la desatención a las necesidades populares. Toca al Ejecutivo proponer al Parlamento una agenda social mínima. Si entre ambos poderes parece existir un pacto de supervivencia es indispensable que confluyan para impulsar una descentralización más activa y capaz y un gasto fiscal más eficiente. Que las apuestas regionales y municipales, que conectan institución y comunidad, se concreten para tejer redes y relaciones de solidaridad. Que con sus recursos atiendan el hambre, el desempleo, la salud, la inseguridad, los créditos a la micro y pequeña empresa, antes que las poblaciones sean captadas para la protesta violenta y el terror se imponga por la desatención social, el desgobierno y la inseguridad.
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