La furtiva reunión del presidente José Jerí con un empresario chino, ocurrida a fines del año pasado, sigue dejando más sombras que explicaciones. El propio mandatario ha admitido que cometió “un error”, aunque sin precisar en qué consistió ni por qué ocurrió. Eso sí, ha anunciado que responderá “por escrito” a la Comisión de Fiscalización del Congreso, como si el deber de rendir cuentas se agotara en un trámite burocrático y no incluyera una explicación clara y directa a los ciudadanos.
Jerí asegura que no actuó fuera de la ley y reduce el episodio a un problema de agenda: una reunión “en una hora inadecuada” que podría prestarse a especulaciones. El argumento es pobre. En un país golpeado por décadas de corrupción, no es la hora lo que preocupa, sino la forma: un encuentro fuera de la agenda oficial, sin registro público, con un empresario extranjero y, para colmo, realizado a escondidas y con medidas propias de una película de espionaje de bajo presupuesto.
Negar irregularidades no equivale a disipar sospechas. La legalidad no se mide solo por la ausencia de un delito tipificado, sino también por el respeto a los principios de transparencia y responsabilidad política. Un presidente no puede comportarse como un ciudadano cualquiera que se reúne “en privado” con quien le plazca. Cada gesto, cada reunión y cada silencio tienen consecuencias institucionales.
Es un acto que erosiona la confianza pública y que, por su gravedad, debe ser investigado a fondo.
