En el momento en el que se escribe esta columna, faltan exactamente 67 días para la primera vuelta electoral, 123 días para la segunda (7 de junio) y 174 días para el 28 de julio.
A estas alturas, la evaluación inevitable es cuánto puede ser el costo-beneficio de una eventual destitución de José Jerí. Habrá que considerar, primero, que una vacancia por incapacidad moral permanente estará justificada si el Congreso logra los votos. Entonces, igual que Pedro Castillo con Sarratea, a quien la izquierda blindó con descaro, si la salida es avalada por los votos del pleno, no hay forma de cuestionar esa decisión.
Es en esos términos que el consenso, de izquierda a derecha, es que Jerí ha mancillado la investidura del cargo y a las serias sospechas de lobbies encubiertos y negociados bajo la mesa, se adiciona la condición de un ímpetu lascivo y una impronta libidinosa detrás de contrataciones de bellas féminas que antes llevaron sus atractivas siluetas al despacho presidencial.
Ahora bien, también es cierto que para la izquierda, cualquier pretexto es válido. Ellos solo quieren pescar a río revuelto y han encontrado en los arrebatos furtivos de Jerí la carnada perfecta. Del otro lado, no obstante, está el criterio de ciertas bancadas -APP, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú- que hechas las cuentas, llegan a la conclusión de que el remedio sería peor que la enfermedad.
En efecto, otro presidente, Gabinete, viceministros y funcionarios de alto nivel en un periodo tan breve tras la caída de Boluarte generaría en el Estado una conmoción prescindible e innecesaria. Lo mejor es dejar que el calendario avance y que Jerí pague por sus desatinos o corruptelas al amanecer del 29 de julio.
