Pocas veces se ha visto una falta de respeto tan grande al Perú como la opinión que ha emitido el Grupo de Trabajo de Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que ha pedido la liberación del sentenciado golpista Pedro Castillo, al considerar que está encarcelado de manera injusta pese a que el mundo entero lo vio ordenando la rotura del orden constitucional, que implicaba el cierre del Congreso, el asalto al sistema de justicia, detenciones ilegales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Lo más surrealista del informe emitido por esta gente que no sabe ni dónde está parada, es que afirma que la proclama golpista de Castillo dada desde Palacio de Gobierno y con la banda presidencial colocada sobre el pecho, fue apenas un ejercicio de libertad de expresión. Bajo este criterio, cualquier ladrón de bancos que no logre concretar el robo podría librarse de una condena argumentando que su frase “¡esto es un asalto!” es solo el uso del referido derecho constitucional.
También es una burla que este mamarracho de informe indique que Castillo debería ser indemnizado por el Estado peruano. O sea, este sujeto da una patada a la Carta Magna, y hay que pagarle. No entienden que cuando el golpista fue arrestado y vacado, ya no era presidente porque él mismo se había puesto del lado de la ilegalidad. Era un vil dictador que como un cobarde trataba de esconderse en una embajada. Así lo han entendido el Ministerio Público y el Poder Judicial para mandarlo a la cárcel.
Pero la cereza en el pastel es que la petición para evaluar el caso del último golpista peruano ha sido formulada por uno de los tantos abogados de Castillo, que tiene un muy oscuro pasado, pues estuvo más de una década preso por vínculos con la banda Sendero Luminoso y una vez en libertad firmó su adhesión al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), grupo de fachada con el que años después el grupo terrorista trató de infiltrarse en la vida política del país.
Lo peligroso es que José María Balcázar, el presidente interino que nos dejaron los legisladores de izquierda y la gente de José Luna y César Acuña, está dispuesto a usar este adefesio de 19 páginas para indultar a Castillo a pesar de no ser vinculante, sino apenas una opinión que el gobierno de cualquier país que se respete debería tirado al tacho de la basura en el acto. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado marcando posición, pero fue muy débil. Debió ser mucho más enérgico por falso e irrespetuoso con el Perú.
