Con la orden de detención preventiva dictada por el Poder Judicial contra dos de sus exasesores acusados de ejecutar los ilegales recortes de sueldo a trabajadores de su despacho parlamentario, la suerte de la congresista María Agüero (Perú Libre) parece estar echada y que el hecho de que no la hayan enviado a prisión junto con sus presuntos cómplices se lo debe a la inmunidad parlamentaria de que goza.
La situación de los extrabajadores de Agüero, Edson Flores Valencia (detenido) y César de la Cruz Canales (prófugo), debería tener muy preocupada a la señora a quien poco le podrían valer sus gritos para calificarse de una “perseguida política”, cuando todo hace ver que el Ministerio Público cuenta con suficientes evidencias como para tener un caso sólido.
Irónico que esta legisladora cerronista y “comunista”, aunque cuente con propiedades en Estados Unidos que alquila en dólares, se haya presentado ante los engañados electores como una “luchadora social”, para terminar siendo sindicada por apropiarse de parte del sueldo de sus trabajadores.
Es urgente que el Ministerio Público actúe con celeridad y que de ser necesario, pida el levantamiento del fueron de Agüero, tal como se hizo en su momento con la entonces fujimorista María Cordero, la que exigía ir a los cajeros automáticos para esquilmar a su trabajadores.
La plaga de los “mochasueldos” tiene que ser erradicada sin distinción política. Que se vayan a otra parte con sus cuentos de “persecución política”.
