El Gobierno ha vuelto a arremeter contra la prensa, una señal preocupante para la democracia y la libertad de expresión en el país. Lo que presenciamos recientemente en Sullana, Piura, donde algunos ciudadanos expresaron su descontento con la presidenta Dina Boluarte, lanzando piedras a su comitiva, ha sido el detonante de una reacción desmedida por parte del Ejecutivo. Fredy Hinojosa, vocero del Despacho Presidencial, ha solicitado a la Fiscalía que investigue a los medios que informan sobre estas protestas, acusándolos de instigar la violencia. Esta postura deja en claro que, desde Palacio de Gobierno, parece haber un intento de ajustar la libertad de prensa a los deseos del poder. De lo contrario, el Gobierno amenaza con coartar este derecho a través de procesos judiciales, poniendo en jaque uno de los derechos fundamentales en cualquier democracia.
Dina Boluarte ha demostrado, a lo largo de sus casi dos años en el poder, una notable falta de tolerancia hacia la prensa crítica. No obstante, lo manifestado por su vocero en días recientes es inadmisible. Estas declaraciones ponen al Gobierno en una peligrosa proximidad con regímenes autoritarios que buscan controlar el flujo de información. Como señaló un exprocurador anticorrupción: “parece que uno escucha a un vocero del régimen de Maduro”.
Diversos organismos de prensa han condenado con razón la clara amenaza proferida por Hinojosa, pues no solo se trata de una intimidación directa a los medios, sino de un mensaje desde el propio Palacio de Gobierno.
