La decisión de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, de suspender temporalmente el cronograma del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) 2026, no es un retroceso de la gestión, sino un acto de coherencia gubernamental.
En realidad, durante años, muchas preguntas de las guías de evaluación no reflejaban si una entidad mejoraba realmente su cultura de integridad: el hecho de cumplir con subir evidencias no es lo mismo que generar cambios reales.
Era indispensable revisar los criterios y medios de verificación, a la luz del Decreto Supremo N.º 148-2024-PCM. Solo así la evaluación podrá reflejar una mejora de la percepción ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Además, alinear el ICP con la Política General de Gobierno 2026-2031 demuestra que el Modelo de Integridad es una pieza relevante de esta gestión gubernamental y no un trámite aislado. El desafío es que la labor de prevención trascienda el cumplimiento formal y recupere la confianza ciudadana en el Estado.
Es comprensible que la suspensión genere incertidumbre en las unidades de integridad. Sin embargo, este periodo puede ser usado por las entidades para revisar la normativa, fortalecer capacidades y diseñar estrategias acordes con la realidad de cada una de ellas, su cultura, organización y nivel de conocimiento.
El verdadero reto no es obtener una mejor calificación, sino construir instituciones más íntegras. La integridad no se construye llenando formatos, sino transformando prácticas. La evaluación debe ser una herramienta para impulsar ese cambio, no un fin en sí mismo, porque combatir la corrupción exige medir avances y, sobre todo, demostrar que la integridad se practica y genera resultados.
