Un aspecto gravitante y soslayado en la lucha contra el crimen organizado es la imperiosa necesidad de ejecutar una sistemática limpieza de la Policía. Las noticias son recurrentes en ese sentido pero pocos han advertido que hay allí un problema mayúsculo y que, en parte, justifica el inusitado crecimiento de delitos como el de las extorsiones. Hace algunos días, detuvieron a una red de cinco suboficiales (uno de ellos de la Dirección de Seguridad del Estado) dedicados a solicitar cupos a empresarios y emprendedores de San Juan de Lurigancho. La extorsión, percibida como el principal aspecto de la inseguridad ciudadana junto al sicariato, tiene cifras aterradoras como la revelada por Correo (cada 24 minutos se presenta una denuncia) que podrían ser mucho más porque muchos denunciantes han sido amenazados inmediatamente después de haber expuesto su caso ante la comisaría de su sector. El domingo, Cuarto Poder reveló también una organización criminal de siete policías (tres del escuadrón de emergencia Cobra y cuatro de la Oficina de Inteligencia de la región Lima) dedicados a sembrar evidencias falsas que luego usaban para extorsionar a sus víctimas en Villa María del Triunfo. En Las Malvinas, es conocido que policías acuden a los stands para vender celulares que incautan a ciudadanos y en las comisarías se establecen tarifas de liberación que tienen costos más altos cuanto más grave es el delito cometido. ¿No saben en la comisaría de La Victoria quiénes extorsionan a los ambulantes de Gamarra? Hay en la “delincuencia policial”, pues, un factor determinante que socava esta lucha y que, como todo en este Gobierno, carece de una estrategia de abolición o se interviene en casos aislados. Si no hay un plan de limpieza de la Policía Nacional, el fracaso de la lucha contra el crimen será inevitable. Colombia mostró un camino hace algunos años que bien se podría replicar en nuestro país.
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