La situación de delincuencia en las calles del Perú ha llegado a niveles alarmantes. Día a día, los reportes de asaltos, extorsiones y muertes incrementan, mientras que las autoridades parecen darle la espalda a este problema. En lugar de enfrentar la crisis de seguridad, la presidenta Dina Boluarte ha optado por minimizar las voces críticas al calificar de “terrorismo de imagen” a quienes difunden noticias adversas. A esto se suma la falta de liderazgo de otras figuras clave, como el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien, en medio de la violencia en su región, decide tomarse vacaciones en Emiratos Árabes. Y, para rematar, algunos congresistas como Patricia Chirinos, lejos de enfocarse en los problemas nacionales, prefieren viajar a Estados Unidos para apoyar a figuras políticas extranjeras como Donald Trump.
Resulta evidente que quienes deberían estar comprometidos con la lucha contra la criminalidad viven en una realidad paralela. Los ciudadanos, que día a día enfrentan el miedo y la incertidumbre, no ven avances en la prevención del delito ni en el fortalecimiento de la inteligencia policial. Las leyes no se actualizan para endurecer penas, ni se construyen cárceles adecuadas para frenar el flujo constante de criminales reincidentes.
Mientras tanto, el sector transportista se ha visto obligado a iniciar una paralización a nivel nacional. Ellos, al igual que los comerciantes, claman por justicia. No solo sufren la violencia de los delincuentes, sino que también son testigos de la ineficacia del sistema judicial, que libera a criminales a pesar de tener pruebas contundentes en su contra. Esto genera una sensación de impunidad y desprotección.
