Al comenzar el nuevo año, resulta inevitable reflexionar sobre las elecciones generales de abril, un proceso marcado por una fragmentación inédita: treinta y siete fórmulas presidenciales, el regreso del Senado y la vigencia de la barrera electoral. Me interesa profundizar en este último punto. La teoría de la representación predominante en el constitucionalismo europeo e iberoamericano suele favorecer un pluralismo absoluto, el cual, paradójicamente, termina asfixiando la deliberación política orientada al bien común. En lugar de un debate programático en el hemiciclo, asistimos a una atomización que dificulta la gobernabilidad.
En toda comunidad política, la salud de la democracia se manifiesta en la participación electoral para acceder a los niveles de gobierno local, regional y nacional. No obstante, esta participación debe entenderse como una carrera de naturaleza estrictamente ascendente. Bajo esta premisa, un partido que aspire a la presidencia o a una representación parlamentaria debería haber acreditado, previamente, experiencia gobernando una región o un municipio. Este requisito desplaza el acento desde la improvisación oportunista hacia la experiencia probada en la gestión pública.
Por lo tanto, a la exigencia cuantitativa de alcanzar un porcentaje de votos y un número mínimo de escaños, deben sumarse indicadores cualitativos que certifiquen la trayectoria democrática y administrativa de la organización. El pluralismo absoluto, agravado por la extrema flexibilidad en la inscripción de agrupaciones, permite candidaturas nacionales exentas de garantías técnicas o ejecutorias previas. Aunque la propuesta es polémica, profesionalizar el sistema de partidos de modo escalonado es indispensable para institucionalizar la política, sustituyendo el azar del “voto ciego” por liderazgos forjados en resultados de gestión.
