El asesinato de un transportista a balazos mientras abastecía combustible en un grifo al norte de Lima es otra postal brutal del país que el Gobierno insiste en negar. Dos sujetos en una motocicleta se acercaron, dispararon sin piedad y huyeron con la misma facilidad con la que llegaron. Todo ocurrió en pleno estado de emergencia y pese a la prohibición de circular en motos lineales con dos ocupantes. La escena es clara: las medidas existen solo en el papel; en la calle, mandan las balas.
Este crimen no es una excepción, es la regla. Mientras el Gobierno se felicita por decretos y anuncios, los homicidios siguen aumentando. Seis millones de peruanos han sido víctimas de extorsión y más de cinco millones han sufrido el robo de sus celulares, delitos que luego se convierten en la puerta de entrada para vaciar cuentas bancarias y destruir economías familiares. El miedo se ha normalizado y la inseguridad se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
En este contexto, resulta negligente que el presidente José Jerí continúe postergando la presentación del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Primero prometió anunciarlo en enero; ahora dice que será en febrero. Como si el crimen pudiera ponerse en pausa o los sicarios aceptaran prórrogas. Cada día de retraso no es un problema administrativo: es una ventaja directa para las mafias.
La demora, la improvisación y la falta de liderazgo solo confirman que el Gobierno ha perdido el control de las calles. Mientras los ciudadanos entierran a sus muertos y cuentan sus pérdidas, el Estado responde con calendarios imposibles y prohibiciones que nadie cumple.
