Ha pasado un mes y una semana desde que la presidenta Dina Boluarte y su entonces flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, tomaron una lancha y se fueron a la isla El Frontón, frente el Callao, para anunciar con bombos y platillos la construcción de un nuevo penal en ese lugar donde no hay agua, luz ni nada de nada, y hasta el momento no se ha llevado ni siquiera una cuadrilla de albañiles ni una bolsa de cemento para iniciar las obras.
Es evidente que todo se trataba de un gran cuento, de una farsa más de este gobierno que no ha sido ni capaz de hacer una vía de acceso decente al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y que ahora pretendía construir una cárcel de máxima seguridad en una isla donde las obras, el mantenimiento y la operatividad del recinto, en teoría para 200 reclusos de alta peligrosidad, le costaría carísimo al Estado, pues todo tendría que ser movilizado por vía marítima.
Desde un primer momento la gente que conoce del tema sabía que hacer un penal allí era inviable. Es más, un informe del propio sector Justicia y Derechos Humanos, elaborado en 2023, es decir, en este gobierno, descartaba cualquier posibilidad de levantar una cárcel en la isla El Frontón. Pero la mandataria y su ministro salieron a defender su propuesta, de la que ya nadie habla. ¿Fue cortina de humo para tapar el escándalo de momento?
Lastima que este gobierno nos venda cuentos y lance fuegos artificiales relacionados a la inseguridad que afecta a todos los ciudadanos y que todos los días cobra vidas. Qué tal irresponsabilidad.
