Cada año aumentan los conflictos entre familias y colegios por denuncias de bullying, violencia, acoso sexual u otros problemas de convivencia. Con frecuencia terminan en el SiSeVe, Indecopi o procesos judiciales largos, costosos y poco satisfactorios. Los docentes se distancian de los alumnos. Los colegios dedican tiempo y recursos para defenderse. Todos pierden.
El sistema es asimétrico. Los padres tienen pleno derecho a denunciar cuando creen que un estudiante fue perjudicado. Pero si una denuncia resulta irresponsable, temeraria o deliberadamente falsa, el denunciante no asume consecuencia alguna, mientras el colegio sufre el desgaste.
Propongo crear un Sistema de Arbitraje Educativo. Toda denuncia se presentaría primero al colegio, obligado a investigar objetivamente y emitir un informe fundamentado en un plazo breve. Si es grave, se deriva a la fiscalía. Si lo que concluye el colegio no satisface a los denunciantes, el caso pasaría a una entidad de arbitraje independiente acreditada integrada por especialistas en derecho educativo, psicología y educación que resuelven hasta en 5 días hábiles.
El principio es la simetría. Si el colegio actuó negligentemente, responderá por ello. Si no, se cierra el caso. Si la denuncia fue armada manipulativamente para perjudicar al colegio o docente, habrá consecuencias para el denunciante.
No se trata de proteger a colegios ni a familias. Se trata de proteger la confianza, resolver con rapidez y permitir que los docentes vuelvan a concentrarse en educar. Porque toda libertad, incluido el derecho a denunciar, también exige responsabilidad.
