Las decisiones que está tomando el suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, lo siguen metiendo en aprietos y líos legales.
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Regidores entregaron documentación a la Contraloría General de la República para que investigue presuntas irregularidades en la contratación directa de una empresa para demoler el cerco perimétrico de la Casa de la Juventud.
Sin cotizaciones
Los concejales advierten que la ley exige al menos dos cotizaciones para poder evaluar precios y realizar el contrato, pero la administración de Fernández no lo hizo. Además, no tiene informes de las áreas correspondientes que justifiquen esa obra.
Según explicaron los concejales Sandra Trujillo, Jorge Vásquez y Andrés Sánchez -que firmaron los documentos que ingresaron a Contraloría-, la administración del alcalde Arturo Fernández contrató de forma directa por S/23,000 los servicios de la empresa Valeria Sofia EIRL, para que en un plazo de 15 días cumpla con el trabajo de demoler y eliminar el cerco perimétrico de la Casa de la Juventud, situada en la avenida El Ejército, Trujillo.
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Para los regidores, este contrato, cuyo monto es menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias, es presuntamente irregular, ya que no habría cumplido con disposiciones del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), que exige como mínimo dos cotizaciones, salvo en los casos en los que las condiciones del mercado se lo impidan como, por ejemplo, acontecimientos catastróficos, situación de peligro o emergencia sanitaria.
Como estos tres supuestos no encuadran en la situación actual del mercado, lo que ha hecho la gestión de Fernández es presuntamente irregular.
“Es más, no hay informes de Defensa Civil ni de la Gerencia de Desarrollo Urbano que justifiquen esta demolición”, dijo Sandra Trujillo.
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