Abogada señala que el Estado debe incluir el filicidio como figura autónoma en Código Penal Peruano para sancionar a responsables.
Abogada señala que el Estado debe incluir el filicidio como figura autónoma en Código Penal Peruano para sancionar a responsables.

La figura del filicidio, que se refiere al acto de atentar contra la vida de un hijo por parte de un padre o madre, no se encuentra regulada de manera unilateral en el sistema legal peruano. En cambio, este delito se encuentra subsumido dentro de la figura del parricidio, según lo establecido en el Artículo 107 del Código Penal Peruano. Esta falta de una figura específica para el representa un vacío legal que requiere atención por parte de las autoridades jurídicas del país.

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La abogada especialista en Derecho Civil de Fournier Abogados, Astrid Fournier Fernández, destaca la importancia de establecer una figura jurídica autónoma para el filicidio porque el vacío legal supone un obstáculo para armar una defensa sólida que pueda imponer la pena máxima para los responsables.

En ocasiones se ha visto que por este vacío legal las investigaciones apuntan al delito de homicidio en la modalidad de sicariato, según lo dispuesto en el Artículo 108°, que establece una pena privativa de libertad no menor de veinticinco años. Además, el inciso 5° de este artículo señala que la pena podría ser cadena perpetua si el delito se subsume en los artículos 107° (parricidio) y 108° (homicidio calificado).

“Se requiere un período prolongado de investigaciones que ponen en riesgo el rigor de la pena. Sería diferente si el filicidio estuviera contemplado como una figura jurídica autónoma, con una pena máxima establecida”, expresó.

Agregó que el Código del Niño y Adolescente establece el deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas de promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en dicho código y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Los casos de muertes infantiles se registran cada año en el Perú y por ello es necesario analizar si las normas y leyes actuales están realmente diseñadas para proteger a los más vulnerables o si permiten que las personas eludan la justicia”, enfatizó.