La Municipalidad Provincial de Huarmey (MPH) pagó S/ 35,000 por la reparación de una ambulancia que debía ser usada para enfrentar la pandemia de la COVID-19; sin embargo, el vehículo nunca fue sometido a mantenimiento y hoy se encuentra deteriorado en el depósito municipal.
Sigue leyendo: Áncash: Municipalidad Provincial de Casma recepcionó obra de parque pese a deficiencias
Según el informe elaborado por la Contraloría, a fines de 2021, la MPH aprobó el servicio de mantenimiento correctivo a la unidad de placa EGT-284, que era usada como policlínico móvil.
Sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa aplicable, los funcionarios brindaron la conformidad y pago al proveedor Roisy Anibal Chozo Santisteban.
El personal de control detectó que la propuesta de dicho proveedor no cumplía con las disposiciones de la comuna para realizar contrataciones menores a 8 UIT. Además, en la fecha que se aprobó la orden de servicio, el 15 de diciembre de 2021, Chozo Santisteban recién obtuvo su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Semanas antes, el 4 de diciembre, el vehículo ya había sido retirado del depósito municipal bajo la justificación de que iba a ser reparado en Lima.
El 30 de diciembre se otorgó la conformidad por dicho servicio, sin que se haya verificado que la unidad haya sido devuelta a la comuna, y el 12 de enero del 2022 se realizó el pago al proveedor.
INUTILIZABLE
La Contraloría descubrió que la ambulancia fue devuelta a la municipalidad recién el 13 de diciembre de 2022; tuvo que ser remolcada pues se encontraba inoperativa. Es decir, la unidad móvil estuvo más de 12 meses fuera de la entidad y en poder del proveedor, período en el cual no se cumplió con la finalidad establecida en el plan de trabajo del programa municipal de salud, que era contribuir en la protección de la vida y la salud de la población ante el riesgo por la COVID-19.
Te puede interesar: Fuertes vientos causan daños en 50 viviendas, un colegio y un coliseo en Áncash
Por estos hechos irregulares, el personal de control ha detectado presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro funcionarios de la MPH. Ellos son Nelson Dionicio Norabuena, Gustavo Chaquire Castro, Jenny Alegre Naturalich y Marcos Dueñas Vargas.
