Antamina suspende sus operaciones por protestas

La minera Antamina suspendió sus operaciones por las protestas y el presunto hostigamiento de parte de pobladores de Aquia (Áncash) contra dicha compañía y sus trabajadores.

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Su CEO (director ejecutivo), Víctor Gobitz, precisó ayer en Cuarto Poder que con la paralización de actividades se pierden entre 10 y 14 millones de dólares por día, lo que luego impacta en el ingreso de los trabajadores, la recaudación para el país y hasta el canon minero.

Garantías

Mediante un comunicado, Antamina aseguró que no hay suficientes garantías para continuar trabajando en los proyectos y obras relacionadas al “área de influencia operativa”.

Agregó que en los últimos días apeló al diálogo y manifestó su disposición a escuchar, atender inquietudes y contestar consultas, pero denunció que fue blanco de acciones violentas y amenazas.

“No queremos esperar a que ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad física de nadie. Tampoco que se registren incursiones que afecten los bienes de terceros o nuestras instalaciones”, refirió.

Sobre tales amenazas, que consideró latentes, la compañía detalló que “configuran infracciones de orden penal intolerables en un Estado de Derecho”, tales como “delitos contra la seguridad pública en las modalidades de peligro común, mediante incendio (...) y delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios”.

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Antamina -controlada por Glencore y BHP Billiton- enfatizó que es necesario que el Gobierno y sus autoridades actúen para “restablecer el orden y las condiciones necesarias para volver a esa dinámica de diálogo” que ha permitido el impulso de proyectos para el desarrollo en Áncash en los últimos 20 años.

“Mientras estas condiciones no se alcancen, no podemos seguir operando. La seguridad, la vida y la salud de todos, sin excepción, es lo más importante para Antamina”, concluyó.

¿Guerra avisada?

Hasta el momento son varias las mineras afectadas por conflictos sociales desde que Castillo Terrones asumió el sillón de Pizarro. Entre ellas destacan Las Bambas (MMG Ltd.) Constancia (Hudbay Minerals), recientemente Antamina y Apumayo.

Precisamente sobre esta última, cientos de vándalos -aparentes pobladores de tres distritos de Ayacucho: Chaviña, Cora Cora y Sancos- ingresaron a su campamento el último viernes y generaron destrozos y hasta incendios, situación que Antamina teme que se repita en sus instalaciones.

Apumayo pidió auxilio a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Energía y Minas, a la Policía y otras instituciones, pero no obtuvo ninguna  respuesta.

El conflicto

La comunidad de Aquia remitió -el pasado 7 de octubre- un documento al presidente Pedro Castillo para denunciar una presunta usurpación de terrenos por parte de Antamina.

Los pobladores alegaron que el 9 de julio de este año iniciaron una ruta de diálogo consensuada con la minera, pero que esta se rompió producto de una “falta de respeto” de la compañía al haberle mentido a los campesinos con documentos “de índole ambiental”.

Por ese y otros motivos, aseguraron los pobladores, la comunidad declaró personas no gratas a los representantes mineros. Sin embargo, dijeron que pidieron las aclaraciones del caso al directorio de la minero, el que -aseveraron- lejos de aclarar la supuesta mentira, solo ratificó lo dicho por sus colegas.

“Notificamos que se retiren de nuestra comunidad, pero prepotentemente siguen utilizando nuestros terrenos”, comunicaron al jefe de Estado.

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En esa línea, los lugareños demandaron al jefe de Estado acudir “personalmente” a Aquia y atender todas sus demandas, y que dicha visita sea “urgente” y articulada con otras instancias del Ejecutivo, así como el director de Antamina.

“No queremos ser discriminados frente a nuestros hermanos de Chumbivilcas, a quienes los atendió preferencialmente por ser tierra del expremier (Guido Bellido) cuando nosotros estamos paralelamente en pie de lucha siendo respetuosos del Estado”, agregaron.

En aquella fecha -7 de octubre pasado- advirtieron que buscaban evitar que se desate un conflicto social latente “con medidas de fuerza como consecuencia directa de estas malas autoridades del Gobierno, que se han parcializado”.

Damián Gamarra, presidente de esa comunidad, aseguró el 26 de octubre que la minera colocó un mineroducto por la zona urbana, el que impide la ejecución de proyectos de saneamiento y agua potable.

Cabe indicar que el vínculo que tiene Antamina con Aquia se centra en un mineroducto subterráneo que transporta los recursos hacia el puerto Punto Lobitos (Huarmey). El ducto sigue el trazo de carretera.

Defensa. Al respecto, la compañía ha negado cualquier tipo de usurpación de terrenos y manifestó que al ser subterráneo el mineroducto no tiene huella alguna en la superficie, porque fue construido con el propósito de mitigar cualquier impacto en el traslado del mineral hacia el puerto de embarque.

“Los predios por los que pasa el mineroducto cuentan con los permisos y la documentación exigidos por las leyes y el Estado Peruano”, manifestó la minera.

Reacciones

Ante el anuncio de la suspensión de las operaciones de Antamina, diferentes autoridades del Estado se pronunciaron por las redes sociales.

El exministro de Economía David Tuesta consideró que la ola de conflictos no es una casualidad.

“Hay una poderosa coincidencia de estos con discursos en contra de la institucionalidad y el estado de derecho desde el gobierno, así como la falta de un compromiso real por solucionarlos”, escribió.

Para la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, el jefe de Estado no puede seguir siendo irresponsable con sus discursos y arrebatos: “El Perú requiere un gobierno que atraiga inversiones, no que las ahuyente. El comunicado de Antamina es un serio llamado de atención al Gabinete de Mirtha Vásquez y Pedro Francke”.

Desde el Parlamento también se pronunció la apepista Lady Camones, quien exhortó al mandatario a disponer acciones urgentes a fin de atender las demandas de la población en protesta, mientras que a los ancashinos les pidió deponer las medidas de fuerza y respetar la propiedad privada, para la instalación de mesas de trabajo en un plazo breve.

Por su parte, Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, calificó a Antamina como  un ejemplo de minería responsable.

“Su comunicado de suspensión de operaciones es una prueba más de ello. Una lástima que dirigentes inescrupulosos y un gobierno inoperante perjudique no solo a la empresa, sino a los 33 millones de peruanos. PCM tiene la palabra”, afirmó mediante su Twitter.