Cifra de muertes por COVID-19 “reflejan la magnitud de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales de nuestra historia”

Esta semana se conoció que el cementerio El Angel ha colapsado por la enorme cantidad de fallecidos por COVID-19. (Foto archivo GEC)

Actualizado el 31/05/2021, 03:40 p.m.

Tres integrantes del grupo de trabajo técnico (GTT) creado por el Ejecutivo, que hoy reveló que la cifra de fallecidos por el COVID-19 es de 180.764, señalaron que estas cifras “reflejan la magnitud de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales de nuestra historia republicana, y resaltan la necesidad contundente de fortalecer y modernizar el Estado peruano”.

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Ragi Burhum Espinoza, Mateo Prochazca Núñez y Patrick Wieghardt Hamel, explican en su misiva que las crisis ponen a prueba a los sistemas que las manejan, los que deben responder ágil y eficientemente, y en el Perú, la pandemia ha precipitado “el proceso de digitalización del Estado” con experiencias como las mesas de parte electrónica, los pagos en línea y el acceso a data abierta, entre otros.

En ese sentido destacan que el acceso libre a los datos epidemiológicos, mediante la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, es un excelente ejemplo del impacto que pueden tener los esfuerzos ciudadanos para exigir un Estado abierto, democrático y transparente.

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Fue a partir del acceso a estos datos que distintos grupos en la sociedad civil identificaron discrepancias significativas en el número de fallecidos por COVID-19, reportados en los sistemas de información disponibles.

Por esta presión, indican, es que se creó este grupo de trabajo para esclarecer estas discrepancias.

“Consideramos que sin datos abiertos, vigilancia ciudadana y voluntad política, el Perú no hubiese logrado corregir la cifra de fallecidos por COVID-19 y establecer un sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real”, subrayan.

Por esta razón, señalan que “independientemente de quien asuma la presidencia”, los datos abiertos no deben incluir solo los epidemiológicos y sanitarios sino también a indicadores sociales, económicos y educativos, así como presupuestos, licitaciones entre otros.

“No podemos permitir un retroceso”, anotan.