La Contraloría activó hoy y dispuso el uso obligatorio de la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19” para que todos los gobiernos locales –desde cualquier punto del país- registren en línea el proceso de contratación, la ejecución del contrato y la entrega de las canastas básicas Familiares para poblaciones vulnerables.
De ese modo, se busca contribuir a que dichas acciones se conduzcan de manera eficiente y se garantice de manera oportuna el uso de fondos públicos.
La Contraloría instó a los alcaldes para que el ingreso de información sea riguroso ya que lo reportado servirá para la verificación de la correcta adquisición y entrega de los víveres a sus beneficiarios.
Según la Resolución de Contraloría N° 102-2020-CG publicada en el diario oficial El Peruano y que entra en vigencia hoy, son los titulares de los gobiernos locales o quien designen, los responsables del adecuado registro de información requerida por la Contraloría General. El registro es obligatorio y se actualizará el último día hábil de cada semana (viernes).
Así, se promoverá el uso de un aplicativo informático para la transparencia de la rendición de cuentas, en el marco de la emergencia sanitaria, facilitando el registro de información que permita hacer el seguimiento de lo que se adquiere y entrega a los beneficiarios. La disposición de obligatoriedad comprende a todas las municipalidades autorizadas y que cuentan con los recursos públicos para la contratación y distribución de la canasta de víveres.
Con esta medida se simplifica y efectiviza el registro y presentación de información, desde cualquier parte del país vía internet, ingresando al portal de la contraloría general www.contraloría.gob.pe.
El Decreto de Urgencia N° 033-2020, en su artículo 2, autoriza a los gobiernos locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, efectuar la mencionada adquisición y distribución con un presupuesto de S/ 213,650,000, siendo de responsabilidad de los alcaldes el uso y destino de los recursos que les serán transferidos.
Días atrás, la Contraloría General instó también a las autoridades de los gobiernos locales a observar una serie de obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas que compartió para la contratación y distribución de las Canastas Básicas Familiares, en el marco del estado de emergencia decretado por la presencia de COVID-19 en el país, con el fin de contribuir a la finalidad social establecida y apoyar los procesos de compra y entrega de las canastas de víveres.
Operativo
Equipos de la Contraloría se desplegarán a 11 municipalidades de Lima Metropolitana y 2 del Callao (13 en total) para iniciar visitas de control en las que se supervisará y validará in situ el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de las canastas de alimentos; así como su respectiva rendición de cuentas.
Las municipalidades que serán visitadas hoy en simultáneo son: Municipalidad Metropolitana de Lima, y las comunas distritales de Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas, Lurigancho, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, así como la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla.
Cabe señalar que a Ate y a San Juan de Lurigancho se les ha otorgado un presupuesto de S/ 2 millones cada uno, mientras que el resto se les asignó S/ 1 millón. La comuna de Lima Metropolitana tienen un presupuesto de S/ 500 mil para la compra de canastas para beneficiarios de su jurisdicción.
Son más de mil 800 municipalidades que han sido consideradas en este programa de apoyo a poblaciones vulnerables en todo el país. La próxima semana se realizará el despliegue a otros distritos de Lima y en municipalidades del interior del país.
Canasta básica
Es importante recordar que mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020 se autorizó a los Gobiernos Locales, de manera excepcional, a efectuar la contratación y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad. La inversión de fondos públicos para este fin es superior a los 213 millones de soles para la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar por gobierno local.
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