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Dirigentas y lideresas de las organizaciones integrantes de la Coordinación Regional Sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA SUR) desarrollaron en Lima, del 2 al 4 de agosto, una Autoconsulta sobre el borrador de la Resolución General N° 39 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, para que este instrumento obligue a los Estados de la región el cese de las múltiples violencias que enfrentan a diario, así como participar activamente en las decisiones políticas relacionadas con sus derechos.
“Demandamos que la Recomendación General N° 39 de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) debe reconocer que las mujeres indígenas tenemos problemas y demandas específicas, y que enfrentamos múltiples discriminaciones y violencias por etnicidad, género y clase, de manera individual y colectiva, que amenazan nuestra autonomía y seguridad. En consecuencia, la protección de los Estados contra la discriminación debe incluir la protección de nuestras identidades culturales y nuestro derecho a la autonomía, así como acciones específicas para romper los estereotipos de género, etnia y clase”, señaló Melania Canales Poma, Coordinadora de ECMIA Sur y presidenta de ONAMIAP.
Destacó que los impactos de las actividades extractivas en sus territorios y la Madre Naturaleza influyen con mayor fuerza en las mujeres indígenas, trayendo consigo violencia contra ellas y sus formas de vida.
Frente a ello, demandan a los Estados garantizar la seguridad jurídica de sus territorios ancestrales integrales y respetar la autonomía de los pueblos indígenas.
Además, tomar medidas para garantizar el acceso, disfrute y participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones sobre la gobernanza de sus territorios y bienes naturales.
“Los Gobiernos deben adecuar sus normas nacionales a los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos y las mujeres indígenas, así como abstenerse de emitir normas que contradigan estos compromisos internacionales. En ese marco, los Estados deben garantizar que todo proceso de consulta previa debe tener como objetivo el consentimiento previo, libre e informado. Y que, de no lograrse ese consentimiento, esa decisión debe ser plenamente respetada”, destacó la presidenta de ONAMIAP.
En este contexto, pidieron que les garanticen el acceso a la justicia con pertinencia cultural, que se elimine toda norma y acción de criminalización de la protesta y el ejercicio de derechos. También que se brinde asesoría jurídica gratuita e independiente a las mujeres indígenas procesadas, y que se creen salas especializadas con enfoque intercultural.
Otra de sus demandas es el respeto de su derecho a la participación política, exigiendo el cese de la discriminación étnica, de clase, lingüística y de género, así como el cierre de brechas en el acceso a la educación que afectan con mayor fuerza a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
Además, demandan que los Estados garanticen que las políticas de planificación familiar y los derechos sexuales y derechos reproductivos cuenten con enfoques de género e intercultural, respetando la autonomía reproductiva de las mujeres indígenas, acorde a sus cosmovisiones. Asimismo, que garanticen la enseñanza de las lenguas indígenas, asegurando su revitalización, recuperación y promoción en todos los niveles educativos.
ECMIA SUR está conformada por organizaciones de mujeres indígenas de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su coordinación está en manos de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
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