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¿Qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán? La pregunta arrinconó al Gobierno toda la semana poniendo en entredicho su compromiso real contra el terrorismo.
Ante la parsimonia presidencial y el manifiesto desinterés del premier Guido Bellido, se pronunció el defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, advirtiendo que la realidad había desbordado la norma jurídica en este caso.
Gutiérrez catalogó la inacción del Ejecutivo como un tema de “falta de capacidades o falta de voluntad” y reclamó la presencia del Estado con respuestas políticas.
Lejos de proponer soluciones, el Gobierno optó por lavarse las manos arrojando la papa caliente hacia la Fiscalía que, ya atada de manos por el vacío legal, presentó una propuesta de cambio en la ley.
Lo grave fue que el Consejo de Ministros desestimó el miércoles emitir un decreto supremo que permita la cremación de Guzmán. El tema se abordó pese a que Guido Bellido, el premier, lo negó.
El buen sentido vino del lado del Congreso. El viernes, aprobó incorporar una modificacion a la Ley General de Salud que permitirá a la Fiscalía incinerar los restos y desechar las cenizas. La ley fue promulgada por el Gobierno.
FIRMAS. Esta semana, la primera vicepresidenta y ministra Dina Boluarte confirmó que la campaña del oficialismo de recojo de firmas para un referéndum anexado a una Asamblea Constituyente va viento en popa. El anuncio dejó entrever una eventual participación del Gobierno. El jurista Enrique Ghersi sugirió indagar el posible uso de recursos públicos.
“Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum” fue lo que dijo Boluarte desde Cañete.
En otro tema, el enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y Vladimir Cerrón, por intromisiones de este último en el Gobierno, generó adhesiones a favor de uno y otro dentro del Gabinete, lo que abonó los rumores de un divorcio entre Castillo y Cerrón.
