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La Contraloría General de la República informó que detectó un perjuicio económico de S/ 32 millones, como resultado de un megaoperativo de control en el que se observó S/68 millones de recursos públicos ejecutados por entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).
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El órgano de control detalló que se detectaron 211 hechos irregulares y se identificaron a 126 funcionarios públicos involucrados en presuntos actos de inconducta funcional y de corrupción.
“Con esta nueva estrategia de control con enfoque territorial, auditores y especialistas provenientes de todo el país ejecutaron en total 322 servicios de control, en la modalidad de simultáneo y posterior”, se informó.
La Contraloría identificó a 126 funcionarios, directivos y servidores públicos con presunta responsabilidad penal (32), civil (78) y/o administrativa (113), quienes pertenecen a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales (municipios provinciales y distritales).
El megaoperativo en esta región se inició el 15 de julio de 2021 y participaron 115 auditores y especialistas de todo el país, quienes se desplazaron a las 11 provincias y 84 distritos (100%) de Huánuco. Se intervinieron 131 entidades, lo que representa 8% más de lo programado que fue 121.
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Casos emblemáticos
Entre los principales hechos irregulares la Contraloría menciona los siguientes casos:
Compra cuestionada de laptops
Se detectó un perjuicio económico de S/23 millones 225 mil por la compra de laptops realizada por el Gobierno Regional de Huánuco. Aquí se determinó que funcionarios y servidores de la entidad aprobaron el Informe de Estandarización de Bien para dicha adquisición sin el debido sustento técnico y legal. Asimismo, los equipos fueron importados con características diferentes a las requeridas en la orden de compra y, antes de su entrega al GORE, fueron adulteradas y re ensambladas, según informó la Contraloría.
“La compra fue de 7.995 computadoras portátiles, pero no se entregaron 104. Por este caso, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 8 funcionarios y servidores públicos”, entre ellos el actual gobernador regional Juan Manuel Alvarado Cornelio.
Para revisar el informe de la Contraloría sobre este caso emblemático de presunta corrupción INGRESA AQUÍ.
Hospital con filtraciones de agua
La Contraloría evidenció también filtraciones de aguas pluviales en ambientes del nuevo Hospital Regional Hermilio Valdizán, como en la planta de oxígeno y vías de acceso al establecimiento, lo que podría afectar la salud y seguridad de pacientes y personal, así como la vida útil de los equipos médicos.
Bonificaciones irregulares
La Contraloría detectó el otorgamiento irregular de bonificaciones extraordinarias por casi S/ 500 mil durante la emergencia sanitaria. Por este caso se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 9 funcionarios de la Dirección Regional de Salud.
En varios casos, se otorgó a técnicos, auxiliares y profesionales que cumplían trabajos administrativos y no realizaban labores de atención en áreas de COVID-19, según se informó.
Colapso de planta de tratamiento
La Contraloría también alertó el riesgo de colapso y contaminación en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Miraflores. “Dichas aguas se vienen expandiendo a campo abierto, fluyendo por los campos de cultivos aledaños, lo que provoca malos olores y convirtiéndose en un foco de enfermedades infecto contagiosas”, se alertó.
El órgano de control indica que esta obra debió culminarse en diciembre de 2020, pero solo tiene un avance del 40%.
La presentación de los resultados y rendición de cuentas estuvo a cargo del vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucios.
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