El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dispuso el cierre definitivo de 141 comercios que operaban al interior de diversos establecimientos penitenciarios del país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Presidencial N.º 523-2025-INPE/P y responde a diversos incumplimientos normativos detectados en estos locales, conocidos como economatos, donde las personas privadas de libertad podían adquirir alimentos y artículos de higiene personal.
Medida en el marco del estado de emergencia
Según precisó el INPE, la decisión se adopta en el marco de las acciones dispuestas durante el estado de emergencia vigente, con el objetivo de restablecer el orden, la legalidad y el principio de autoridad dentro de los centros de reclusión.
Del total de 206 economatos autorizados por el Consejo Técnico Penitenciario, serán 141 los que quedarán clausurados de manera definitiva, como parte de una política de control más estricta en los penales del país.
Plazo para retiro de bienes
El Minjusdh y el INPE otorgaron un plazo máximo de cinco días calendario para que los responsables de los economatos retiren los bienes y enseres no autorizados que permanecen dentro de los establecimientos penitenciarios.
La autoridad penitenciaria advirtió que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a las acciones administrativas correspondientes, en concordancia con las normas vigentes.
Refuerzo del control penitenciario
Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la seguridad penitenciaria y el control efectivo al interior de los penales, en un contexto de mayor fiscalización y revisión de los servicios que operan dentro del sistema penitenciario nacional.
