Se le vino la noche. Arturo Fernández Bazán deberá dejar en los próximos días la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tras la confirmación de su sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida dictada ayer por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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La Sala, además, incrementó de S/ 5,000 a S/ 25,000 la reparación civil que deberá pagar el burgomaestre a favor de la denunciante, la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Nataly Rojas.
Sentencia
La decisión del colegiado, integrado por las juezas Cecilia León, Ofelia Namoc y Liliana Rodríguez, fue por unanimidad. Ellas advirtieron que el denunciado tuvo el ánimo de “ridiculizar” a la querellante al referirse a su “aspecto íntimo”, a través del uso de “una herramienta masiva que es el Facebook, que se agrava por el hecho de que la red social utilizada corresponde a la Municipalidad Distrital de Moche”.
Además, indicaron que el denunciado no mostró un verdadero arrepentimiento, pues en ningún momento le pidió disculpas a la teniente de la PNP.
“La aceptación tardía de responsabilidad penal y la inexistencia de un pronóstico favorable de que no cometerá nuevo delito de similar o diferente naturaleza nos lleva a concluir que en el presente caso no se puede imponer la reserva de fallo condenatorio solicitado por la defensa del querellado”, indicó.
Las ofensas
El caso que mereció la sentencia en contra del alcalde inició el 4 de mayo de 2021, cuando emitió ofensas en contra de la teniente Nataly Rojas.
“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la Policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene; por la teniente Rojas, que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado; así no se hace, señora Rojas, pónganse bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metida en sus oficinas calentando ese asiento, con ese traserazo”, dijo el alcalde.
Estas declaraciones las hizo porque el 30 de abril, agentes de la comisaría de Moche lo intervinieron debido a que no permitía que personal de Salud retire 11 frascos de vacuna Covid-19 que sobraron de una campaña de vacunación.
Por estos agravios, en agosto de 2022, el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo condenó.
Vacancia
Con la sentencia consentida, el exregidor de Trujillo José Miranda aseguró que acudirá al Jurado Nacional de Elecciones para solicitar la vacancia de Fernández.
“Hay que hacer efectivo el control ciudadano. Ya no podemos resistir más difamaciones, más calumnias. Los insultos ya tienen que parar en Trujillo, porque genera ingobernabilidad, caos, desorden al interno de la municipalidad, aparte que sigue cambiando tantos funcionarios y eso no da continuidad a la gestión”, aseveró.
El también abogado consideró que todo el proceso podría demorar entre tres y cuatro meses. “Sabemos las leguleyadas, las trabas que pone el alcalde. Ya lo veo aferrándose con uñas y dientes para alargar el proceso, que más o menos se estima demore 93 días en resolverse este petitorio de vacancia”, acotó.
Una vez prospere esta solicitud, deberá asumir la alcaldía el regidor Mario Reyna. El Jurado también deberá notificar a un regidor accesitario de las filas de Somos Perú para que asuma la regiduría que quedará libre.
Marchas
La confirmación de la sentencia trajo marchas a favor y en contra de Fernández.
En los exteriores del Poder Judicial, simpatizantes del alcalde cuestionaban el fallo judicial. Hasta el lugar llegó el burgomaestre, quien cuestionó a la sala que emitió el fallo. “Ellos han corroborado lo que son, los que sacan a policías delincuentes, la misma sala que hace unas semanas sacó a unos policías por un supuesto robo en época de pandemia. Entonces, de qué nos sorprendemos, hermanos”, dijo en un improvisado mitin.
De otro lado, opositores del alcalde también marcharon pidiendo la vacancia.
La activista Denis Quiroz indicó que la sentencia es “favorable para la ciudad, porque tenemos derecho a que nos respeten”. “Triunfa la dignidad y el respeto a las personas”, afirmó.
Rosario de denuncias
La querella que llevó a la sentencia en contra del alcalde no es el único proceso que afronta la autoridad edil. El burgomaestre tendrá que acudir al Poder Judicial este 26 de julio para responder por la denuncia por difamación agravada que presentó el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche Ricardo Morales. En la querella se solicita una reparación civil de 100 mil soles.
Además, Fernández tiene otra demanda, por el mismo delito, interpuesta por el trabajador de la comuna trujillana Julio Morillas Rodríguez, quien exige se condene al alcalde y, además, pague una reparación civil de S/ 300 mil.
En este caso, el servidor edil acusó que la autoridad dijo que era “corrupto” y que integraba una banda criminal.
El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general PNP Augusto Ríos, también denunció al burgomaestre, pero por calumnia, tras los constantes insultos y calificativos hacia él.
Otra persona que querelló a la autoridad edil es Kelly Padilla Zare. El alcalde, el pasado 12 de abril, publicó fotografías de la joven y realizó comentarios contra ella, que configurarían como violencia psicológica, solo porque resaltó la labor del general Ríos.
Por estas ofensas, la jueza Mercedes Vásquez Zambrano dispuso que Fernández acuda a terapias en el Centro de Salud Mental Comunitario Maeich Muchik, en Moche.
En respuesta, el burgomaestre lanzó frases sexistas en contra de la magistrada, por lo que también fue denunciado.
