La provincia de Pataz, ubicada a 326 kilómetros de Trujillo, es escenario de una guerra por el oro. No es reciente, pero la última masacre, que dejó 9 muertos y más de 17 heridos, obligó al Gobierno Central a adoptar otras acciones, en medio del dolor e indignación de un pueblo que clama justicia y atención desde antes del 2021.
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Muertes
El sábado, cuando se produjo el ataque, fallecieron Javier Gonzales Aguilar (23), Alan Taypecahuana Valenzuela (22), Mike Rayco Portal (30), Alexander Casas Chiza (22), Edison Huacho Ccoscco (23), José Valdivia Rafael (26), Efraín Esteban Cantalicio (25), Alex Angulo García (31) y Heiner Román Fuentes (21).
El gerente de Salud del Gobierno Regional de La Libertad, Aníbal Morillo, informó que el ataque también dejó a trabajadores graves. Ellos son atendidos en la Clínica San Pablo de Trujillo. “Hay tres pacientes cuyo estado de salud es reservado. Son quemaduras de tercer y cuarto grado que comprometen órganos internos”, añadió el funcionario regional.
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Justicia
De las nueve personas asesinadas, solo Alexander Casas Chiza es natural de Trujillo. Precisamente, sus familiares demandaron justicia y cuestionaron duramente la inacción de las autoridades.
“No podemos creer hasta ahora lo que ha sucedido. Es lamentable que recién ahora se quieran tomar acciones cuando ya fallecieron tantos jóvenes y hay decenas de heridos. Pedimos justicia, pero sabemos que eso no es suficiente”, señaló un familiar de la víctima, que residía en el distrito de La Esperanza.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, exigió la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la zona. Además, calificó este ataque como un acto terrorista.
“Es un acto totalmente terrorista lo que ha ocurrido en el distrito de Pataz. En verdad esto hace notar el desgobierno. Esto hace notar que no tenemos presidente de la República, que no tenemos ministro del Interior”, declaró.
Asimismo, el Arzobispado de Trujillo, la Cámara de Comercio de La Libertad, ComexPerú y la Confiep pidieron al Gobierno mano dura contra de estas organizaciones delictivas.
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Medida
El último 16 de noviembre, el estado de emergencia decretado en Pataz fue ampliado por 30 días más, supuestamente para intensificar las acciones contra las organizaciones criminales que cada día quieren ganar más terreno en las minas formales. Hasta este momento, no hay evidencia de resultados contundentes.
Ayer, sin embargo, desde el Ministerio del Interior, dispusieron que 50 agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), vayan a Pataz para ejecutar operativos y atrapar a más personas implicadas en esta masacre. Como se sabe, los asesinos usaron dinamita y armas de largo alcance para acabar con la vida de los trabajadores de la referida empresa minera.
“Estaremos los días que sean necesarios. Inicialmente, son 50 (agente) y 50 que ya están en el lugar. Realizaremos todo tipo de operaciones en el lugar”, aseguró el general PNP Fernando Reátegui, jefe del comando de Operaciones y Asesoramiento.
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Atrapados
La Policía atrapó a siete personas que, presuntamente, están implicadas directamente en el asesinato de estas 9 víctimas.
“Hay siete personas detenidas y ellos están constituyendo una banda criminal denominada ‘Gota del Norte’, que se dedicarían a la minería ilegal, extorsión y sicariato”, añadió el oficial PNP.
Entre los intervenidos están los peruanos Dilser García Huamán (21), Luis Zapata Chimacero (26), Agustín Oré Alfaro (54), Luis Arias Benites (23) y Maikol Torres Benites (23). Asimismo, los venezolanos José Ramírez Valecillo (19) y Junior Herrera Josa (25).
De acuerdo con la información brindada por la Policía, hay más de diez personas que están implicadas en este ataque.
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