Negociados en la Policía en plena pandemia

El escándalo por las compras sobrevaloradas y “bambas” de elementos de bioseguridad en la Policía, en plena pandemia, no solo fue un duro golpe a esta institución tutelar; sino que, además, pone en tela de juicio los procedimientos y filtros al interior de esta entidad del Estado para la contratación de bienes o servicios, los cuales deben regir en amparo a las normas.

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En esa línea, Correo indagó sobre los principales proveedores beneficiados en la Policía y detectó que existe un factor común entre ellos: ser parientes directos de oficiales y suboficiales en actividad, lo cual es señalado como un impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo al Artículo 11 (literal f) de la Ley de Contrataciones N° 30225.

Si bien en un inicio la búsqueda de proveedores beneficiados se centró en el año 2020 durante la pandemia, se pudo encontrar que los contratos se han venido registrando de manera sistemática año tras año, para lo cual también llegaron a conformar empresas; registrando, incluso, como domicilio fiscal direcciones donde no se evidencia el giro de algún negocio de bienes o servicios.

“RANCHO”. De acuerdo a información pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresaria Fanny Milene Privat del Carpio aparece como la proveedora que realizó la mayor facturación durante el 2020 en la Unidad Ejecutora 028 de la II Dirección Territorial de la Policía (Dirtepol), en Chiclayo, con un monto de S/ 695,237.

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De acuerdo a sus contratos, la proveedora brindó el “Servicio de concesionario para la prestación de ración orgánica única diaria”, más conocido como “Rancho”, para el personal policial de la II Dirtepol, en donde su esposo, el comandante PNP Adolfo Mauricio Galindo Román, labora como jefe de la División de Unidades Especiales (DUE).

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Fanny Privat del Carpio tramitó su RUC como persona natural en noviembre del 2013 bajo el giro de negocio “Suministro de comidas por encargo”. A partir del 2016 pasa a ser proveedora en la II Dirtepol y, desde entonces, facturó montos ascendentes hasta el 2020, habiendo percibido un total de S/ 1′886,065. También, en el 2019, facturó S/ 28,200 a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.

En el segundo lugar de la lista de proveedores con más contratos ganados durante la pandemia aparece Mariela del Pilar Burga Zorrilla, quien en el año 2020 percibió S/ 607,821 por brindar el “Servicio de concesión de alimentos” para el personal policial.

Bajo el giro de “Actividades de restaurantes y servicio móvil de comida”, Burga Zorrilla gestionó su RUC en diciembre del 2017 y desde el 2018 empezó a ser proveedora, siendo conviviente del suboficial José Paúl Alarcón Cabrera, quien se desempeñaba en el área administrativa de dicha unidad ejecutora de la Policía. En total, del 2018 al 2020 llegó a facturar S/ 912,581 a la II Dirtepol, mientras que a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP brindó servicios por S/ 41,192.

Entre las personas contratadas para brindar el “Rancho” en la II Dirtepol también aparece la joven Leidy Analy Alarcón Gonzáles, quien al cumplir mayoría de edad tramitó su RUC en noviembre del 2016. Es a partir de entonces que hasta el 2020 como proveedora en la Unidad Ejecutora 028 ha cobrado S/ 666,472. Su hermana, la suboficial Carol Madelina Alarcón Gonzáles, labora en la Comisaría de Atusparia, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

LOCAL SIN NEGOCIO. Jessica Giannina Saavedra Mendoza, esposa del suboficial Víctor Fernando Núñez Cotrina de la Unidad de Telemática de la PNP en Chiclayo, es también proveedora desde el año 2017, habiendo facturado hasta el 2020 un total de S/ 2′321,302 con la II Dirtepol. En el año 2018, además, realizó contratos con la Dirección de Aviación Policial por S/ 15,344.

Al igual que en los casos anteriores, dicha empresaria también brindó el servicio de “Rancho” para policías en la región Lambayeque; sin embargo, no es el único rubro en el que aparece como proveedora, pues es, además, representante legal en dos empresas que también facturaron a la Policía, así como en otras entidades del Estado de diferentes partes del país.

Una de estas empresas es Visión Technology SRL con RUC 20480549784, creada en sociedad con su esposo, Víctor Núñez, llegando a facturar, entre los años 2009 – 2019, la suma de S/ 3′692,493 en entidades públicas de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Tacna, Piura, Loreto, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros y hasta en el Poder Judicial.

En lo que respecta a la II Dirtepol, solo cobró S/ 15,095 entre 2014-2016 por la venta de ventiladores, cables para instalaciones tecnológicas, etc. El principal rubro de este negocio, según la Sunat, es “venta de maquinaria”; y en segundo plano “actividades inmobiliarias con bienes propios y alquilados” y “tecnología de la información y servicios informáticos”.

La segunda empresa en la que aparece únicamente la empresaria Giannina Saavedra como apoderada es Grupo N & S Perú EIRL con RUC 20487578399, la cual llegó a facturar S/ 949,566 entre los años 2011-2018 en diferentes instituciones del Estado. De dicho monto, la suma de S/ 493,337 corresponde a contratos firmados con la II Dirtepol entre el 2014 y 2017.

De acuerdo a la Sunat, esta empresa registra coma actividad principal la “construcción de edificios”, y como giro secundario la “venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos”; no obstante, según sus contratos, brindaba el servicio de “mantenimiento de infraestructura” en diferentes comisarías que están bajo el control presupuestario de la Unidad Ejecutora 028.

Pero no solo eso, Grupo N & S Perú EIRL vendía – además – cortinas, utensilios de cocina para comedores, electrodomésticos, reparaba vehículos de la Policía, y hasta llegó a brindar servicio de fotocopiado a la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior.

Las empresas Visión Technology SRL y Grupo N & S Perú EIRL, de acuerdo a Sunat, tienen domicilio fiscal en la calle Alfonso Ugarte N° 663, en pleno centro de Chiclayo. Correo acudió hasta este inmueble y encontró que en el primer piso se realizan análisis clínicos; mientras que en el segundo y tercer nivel no se evidencia el desarrollo de algún negocio. Solo se observa que en el techo del inmueble se ha colocado un cartel de la primera empresa en mención.

COMPRAS “BAMBA”. Como se sabe, en agosto del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a policías y proveedores por la presunta sobrevaloración y adulteración de equipos de protección personal y artículos de limpieza, adquiridos en plena pandemia para el personal policial de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Amazonas.

Entre los implicados aparece la empresaria Giovanna Genoveva Luna Rojas – esposa del comandante PNP Edwar Santillán Hidalgo – que ha logrado ganar millonarios contratos en la Policía, no solo en tiempos de pandemia. De acuerdo al portal de Transparencia del MEF, esta proveedora facturó S/ 5′257,370 en los últimos 15 años; mientras que a través de Inversiones CEAR SAC percibió S/ 2′964,595 entre el 2014 y 2020.

Las facturas que emitió fueron a nombre de: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, II Dirtepol Chiclayo, III Dirtepol Trujillo, VII Dirección Territorial de la Policía – Lima, Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal – DIREICAJ PNP, Dirección Ejecutiva Antidrogas – DIREJANDRO PNP, Región Policial Huánuco – San Martín – Ucayali y Región Policial Piura.

Luna Rojas se encuentra con mandato de prisión preventiva en el penal de Chiclayo, a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, como parte de la investigación en curso por elementos de bioseguridad y alcohol en gel adulterados que vendió a la Policía en plena pandemia; sin embargo, no es la primera vez que el Ministerio Público la tiene en la mira

Y es que, en el 2013, la empresaria fue incluida en una investigación fiscal como cómplice primario por los presuntos delitos de peculado y colusión, tras ser sindicada de emitir comprobantes para simular la adquisición de bienes y prestación de servicios por más de S/ 28,000 en la dependencia policial del centro poblado Boca del Río (Tacna), donde el comisario Santos Soto Bonilla era el principal investigado.

Su esposo, el comandante PNP Edwar Santillán, también se vio envuelto en un escándalo cuando se desempeñaba como comisario en Pataz (La Libertad), tras ser acusado por el empresario minero Lenin Juárez Urbina de haberlo despojado de 2 kilos con 300 gramos de oro. Por estos hechos fue condenado por la Tercera Sala Penal de La Libertad a 5 años de prisión por el delito de asociación ilícita; fue internado en el penal de Trujillo el 20 de noviembre del 2006, pero 31 de enero del 2007 fue excarcelado por mandado de la Primera Sala Penal de la Libertad que declaró la nulidad de la sentencia.

CONFESIONES. Claudia Hernández Cornejo también fue incluida en el caso de las compras “bamba”; sin embargo, al ser arrestada junto a los demás involucrados confesó ante la Fiscalía Anticorrupción que fue Genoveva Luna quien le pidió que tramitara su RUC basándose en la confianza que había porque mantenía una relación sentimental con su hijo Eduard Santillán Luna.

A su nombre se realizaron facturaciones por S/ 1′387,789 entre los años 2017 y 2020 en la II Dirtepol Chiclayo y III Dirtepol Trujillo. No obstante, Claudia Hernández dijo que desconocía que era proveedora de la Policía, y que la madre de su ahora expareja sentimental le hacía firmar documentos en blanco.

Janeth Baldeón Limaylla es otra proveedora que fue detenida en agosto del 2020 y que, tras ser interrogada, reveló que un porcentaje del dinero que recibía por la venta de artículos de bioseguridad en plena pandemia le entregó al comandante Marcel Carbajal, quien se desempeñaba en el área Administrativa de la II Dirtepol. Llegó a facturar S/ 519,401 en los tres últimos años.

Finalmente aparece en lista la proveedora Melissa Puente Oliver, hermana del Teniente PNP Jorge Puente Oliver, quien al igual que los tres últimos casos está comprendida en la investigación fiscal por las compras “bambas”.

A través de la empresa Construcciones y Servicios Generales LUNIC SAC vendió equipos de protección personal contra la pandemia por un monto de S/ 166,520 en la II Dirtepol Chiclayo, III Dirtepol Trujillo y VII Dirtepol Lima.

“Mayoría de proveedores somos familiares”

Correo entrevistó a las proveedoras y a sus familiares policías que tuvieron a bien dar su versión para este informe.

Aseguran que no existe impedimento legal y que su documentación se encuentra en regla.

“No soy la única que tiene familia en la Policía, la mayoría de proveedores tenemos a policías de familiares.Así que no pueden decir que soy solo yo, porque puedo decir quiénes son. Yo soy microempresaria, una chef de carrera y sé a lo que me dedico. Soy una concesionaria y toda mi documentación está en regla, hasta la de mis trabajadores”, sostuvo Fanny Privat. A la par, su esposo, el comandante PNP Adolfo Galindo, sostuvo que “todo está en orden de acuerdo a normas internas de la PNP y a la ley, siendo la empresa de mi esposa, en la cual no tengo ninguna injerencia”.

La proveedora Mariela Burga sostuvo que lleva dos años separada del padre de su hija y que, incluso, mantienen un proceso judicial por alimentos.

“Trabajo sola, pero es un negocio familiar. Él (policía José Alarcón) no tiene nada que ver en este negocio, ni conmigo, ni con mi familia. Él vive aparte”, sostuvo. A su vez, el suboficial José Alarcón reconoció que trabajaba en el área de Administración de la II Dirtepol, en la sección de cambios de personal, y que hace dos meses labora en la Comandancia de Chota (Cajamarca).

También logramos contactarnos telefónicamente con el suboficial Víctor Núñez, quien al exponerle el motivo de nuestra llamada dijo: “no sé de qué me hablas, estoy delicado”, para luego cortar la comunicación.

Así también, el comandante PNP Edwar Santillán evitó responder sobre el tema. Correo se comunicó con la directora general de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Rosario Esther Tapia Flores, quien aclaró el panorama sobre si los familiares de los policías pueden ser o no proveedores en dicha institución tutelar.

“Tenemos que evaluar cada caso concreto, pero lo que yo le puedo mencionar es que hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden hacer contrataciones, no se puede contratar a los familiares de los oficiales o suboficiales, eso lo establece la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225)”, sostuvo la funcionaria.

Así también, expresó que existen normas de estricto cumplimiento como el “Código de Ética la Declaración de Intereses, donde se señala la obligación de declarar quiénes son sus familiares; la Ley Marco del Empleo Público; incluso la Ley N° 1149 también establece los determinantes de impedimentos de oficiales y suboficiales”.

“Si hay alguna situación como la que usted se refiere, debe ser de investigación por la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior.

No conozco directiva donde se señale que sí se permita contratar a los familiares de los policías como proveedores. La Policía al igual que el Ministerio del Interior y todo el sector público se rige por las normas que le estoy mencionando”, acotó la directora general de Asesoría Jurídica del Mininter, Rosa Tapia Flores.

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