El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó este jueves, una nueva norma que refuerza el control sobre el uso ilegal de celulares dentro de centros penitenciarios, centros juveniles y zonas de alta seguridad. La medida incorpora herramientas de geolocalización en tiempo real para identificar líneas y equipos que operen dentro de estos espacios, incluso cuando no estén realizando llamadas.
Esta disposición quedó establecida en la Resolución del Consejo Directivo N° 000139-2025-CD/OSIPTEL, que reemplaza el sistema anterior basado en análisis probabilísticos de consumo, considerado insuficiente para detectar todos los casos.
Monitoreo permanente en zonas restringidas
Con esta norma, las empresas operadoras deberán implementar un seguimiento continuo de las estaciones de radiocomunicación que brindan cobertura en áreas penitenciarias y otros recintos restringidos.
El monitoreo permitirá ubicar con precisión las líneas y los equipos que se encuentren físicamente dentro de estos espacios, lo que facilitará una identificación más rápida y directa del uso prohibido.
Cuando el sistema confirme que una línea o un equipo móvil está operando dentro de un penal u otro recinto no autorizado, la empresa operadora deberá proceder al corte inmediato del servicio y al bloqueo del equipo terminal.
Este proceso busca impedir que los teléfonos sigan siendo utilizados para actividades ilícitas como extorsiones, amenazas o estafas telefónicas.
Alertas a los ciudadanos ante llamadas sospechosas
Una de las principales novedades es la incorporación de un sistema de alertas al usuario. Si una persona recibe una llamada o mensaje que, según la geolocalización, podría provenir de un centro penitenciario y aún no se ha ejecutado el corte, el sistema enviará una advertencia automática.
La notificación llegará mediante una locución de voz y un mensaje de texto (SMS), informando que la comunicación podría tener origen en una cárcel, con el fin de reducir el riesgo de que la víctima caiga en engaños o extorsiones.
Las operadoras deberán informar tanto al OSIPTEL como al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre cada acción de corte, bloqueo, reactivación o desbloqueo que se realice. Este reporte deberá efectuarse en un plazo máximo de 24 horas.
Además, estarán obligadas a conservar los registros de estas intervenciones durante un periodo mínimo de tres años, lo que permitirá auditorías y seguimiento por parte del Estado.
El no acatar las disposiciones establecidas en la resolución será considerado una infracción administrativa. Las sanciones económicas se determinarán de acuerdo con la metodología vigente del OSIPTEL para el cálculo de multas dentro de los procedimientos sancionadores.
La regulación comenzará a aplicarse cuatro meses después de su publicación en el diario oficial El Peruano. No obstante, se ha previsto un régimen transitorio que permitirá ejecutar algunas medidas de control de manera inmediata mientras se completa la implementación total del sistema.
