El Poder Judicial condenó a Rodolfo Orellana Rengifo y a su hermana Ludith Orellana Rengifo a siete años y seis meses de prisión por el delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de conversión y transferencia, en agravio del Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas, relacionado con operaciones irregulares sobre un inmueble ubicado en el distrito limeño de La Victoria, según detalló la Agencia Andina.
La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, tras la acusación sustentada por el Ministerio Público. Además de las penas de prisión, ambos sentenciados deberán cumplir seis meses de inhabilitación y pagar 730 días-multa, equivalentes a S/ 29.930 para cada uno.
Lee: Caso “Richard Swing” en control de acusación
Caso Parinacochas: inmueble fue transferido mediante documentos ilícitos
La investigación fiscal se centró en un inmueble situado en el jirón Prolongación Parinacochas 380, en La Victoria, cuyo saneamiento irregular se realizó mediante documentación ilícita que incluía información de personas fallecidas.
Según el Ministerio Público, posteriormente se efectuaron transferencias sucesivas de la propiedad entre testaferros vinculados a la organización criminal conocida como el Clan Orellana.
Las operaciones permitieron que el inmueble terminara en poder de Humberto Paulino Contreras Abanto, quien, de acuerdo con la investigación fiscal, conocía el origen ilícito de la propiedad.
Lee: Chantal Toledo visita por primera vez a su padre en el penal de Barbadillo
Tercer implicado recibió seis años de cárcel
Por su participación en las operaciones relacionadas con el inmueble, Humberto Paulino Contreras Abanto también fue condenado por el delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de tenencia.
El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional le impuso seis años de prisión, además de 120 días-multa, equivalentes a S/ 4.920, y seis meses de inhabilitación.
La sentencia establece responsabilidades diferenciadas para los tres involucrados, de acuerdo con las modalidades del delito atribuidas a cada uno.
Rodolfo Orellana y otros condenados pagarán S/ 1 millón al Estado
Como parte de la decisión judicial, el tribunal fijó una reparación civil de un millón de soles, que deberá ser pagada de manera solidaria por Rodolfo Orellana, Ludith Orellana y Humberto Paulino Contreras Abanto.
La obligación solidaria significa que los tres responden por el pago de la reparación establecida a favor del Estado, sin que ello implique multiplicar el monto total por cada condenado.
Además, el órgano jurisdiccional dispuso la disolución y liquidación de la empresa Administradora de Empresas Insolventes S. A. C., al determinar que fue utilizada como instrumento para cometer el delito.
La medida empresarial deberá inscribirse en los Registros Públicos cuando la sentencia quede firme.
Fiscalía especializada sustentó acusación contra el Clan Orellana
La actuación fiscal estuvo a cargo de Giselle Rodríguez Salcedo, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
El caso se desarrolló con conocimiento de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, dirigida por el fiscal superior Juan Mendoza Abarca.
El Ministerio Público señaló que este resultado forma parte de las labores del equipo fiscal designado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, en el marco del proceso de reorganización del subsistema especializado en lavado de activos.
Sentencia establece consecuencias penales y patrimoniales
La condena del caso Parinacochas comprende penas privativas de libertad, multas, inhabilitaciones y una reparación económica al Estado.
También incluye la disolución de una empresa utilizada en las operaciones ilícitas, medida que deberá ejecutarse conforme a las condiciones establecidas en la resolución judicial.
La información difundida por el Ministerio Público no precisa si la sentencia fue apelada ni cuándo quedará firme. Tampoco detalla cómo se computarán estas nuevas penas respecto de otras condenas o medidas judiciales que pudieran tener los sentenciados.
