Un integrante más sumó ayer la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Se trata de Luis Arce Córdova, quien fue repuesto por un juzgado en mayo último y, tras la rehabilitación de su título a manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue oficializado ayer en el cargo mediante el Diario Oficial El Peruano.
Con Arce son tres los fiscales supremos titulares restituidos este 2025 por la justicia, puntualmente, durante el segundo trimestre del año.
Hoy, con seis miembros, la JFS parece albergar una composición con mayor variedad de tendencias o inclinaciones políticas. La situación podría cambiar a mediados del 2026 con la salida de dos de sus integrantes por límite de edad.
Al frente
Con la suspensión de Delia Espinoza por seis meses, por orden de la JNJ el 19 de septiembre último, Tomás Gálvez asumió en su reemplazo como fiscal de la Nación interino.
Gálvez regresó a la JFS luego que el Tribunal Constitucional (TC), con voto en mayoría, anulara el procedimiento disciplinario inmediato de la JNJ, calificándolo como “inconstitucional” y que fue realizado por la anterior gestión de la Junta, que concluyó en la destitución del fiscal en abril del 2021.
En esa ocasión, Gálvez fue hallado responsable de presuntas faltas muy graves. Entre ellas, un aparente pedido suyo al juez César Hinostroza para que apoye al fiscal Walter Delgado en un juicio familiar.
Antes de oficializarse su reincorporación en la JFS, el 20 de septiembre, Gálvez ya había marcado distancia de colegas suyos como Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Sobre ambos, por ejemplo, sostuvo que “son los responsables de la situación caótica y crítica en la que está el Ministerio Público”.
También sostuvo que “todos los equipos especiales tienen que dejar de existir porque han generado politización” –medida que hoy impulsa– y que “Pablo Sánchez, prácticamente, hipotecó el MP con (el periodista) Gustavo Gorriti”.
Asimismo, cuestionó ampliamente a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Gálvez Villegas también es cuestionado por la remoción de hasta tres fiscales vinculados al caso Cuellos Blancos, por el que es investigado.
Polos opuestos
Una línea distinta se le atribuye a Sánchez, quien ha reconocido que sí mantuvo un acercamiento al citado hombre de prensa.
Fue este último quien lo llamó durante una exhibición de documentos a sus oficinas en el 2019, a cargo del fiscal Rodrigo Rurush, para manifestarle que se trataba de una arbitrariedad.
“Llamé y le pregunté al fiscal. Antes que yo le contestara, me dijo que ya estaba suspendiendo la diligencia. Ahí quedó todo”, dijo Sánchez, en julio último, en una comisión parlamentaria. Asimismo, aseguró que “una o dos veces, nomás”, se reunió con Gorriti.
No solo Rurush cuestionó en su momento a Sánchez –asegurando que sí le pidió suspender la diligencia–; también lo hizo la fiscal Norah Córdova. En julio, esta última indicó que “había un miedo total a que se encuentren todos los audios (del Caso Cuellos Blancos) metidos en el local del IDL”.
“Posiblemente, Pablo Sánchez le haya dado más audios a Gustavo Gorriti”, declaró Córdova al programa Milagros Leiva Entrevista.
El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, también indicó en su momento que Gorriti habría “dirigido” la investigación del Caso “Cócteles”, a cargo del fiscal José Domingo Pérez: un fiscal que habría recomendado a Sánchez. Aseveró que el periodista iba “bastante seguido a hablar” con él.
En relación a Ávalos, Villanueva aseguró que la funcionaria le habría pedido a Vela “tratar de no hacer nada” en una investigación al entonces presidente Martín Vizcarra.
“Rafael me comentó que le informó a Zoraida que un colaborador eficaz, exministro de Vizcarra, le dijo de las coimas en Moquegua (Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua hoy con sentencia). (Ella) le dijo que trate de no hacer nada”, aseveró.
Además, según su testimonio, Vela habría dialogado con Gorriti para que este le pida a Ávalos “que no lo saque” del Equipo Especial Lava Jato. Ávalos negó enfáticamente cada afirmación. “Jamás he pedido a ningún fiscal que haga o deje de hacer (algo)”, señaló a RPP.
Por otro lado, tanto Ávalos como Sánchez –a quien la JNJ tiene pendiente ratificarlo como fiscal supremo– dejarán sus cargos a mediados del próximo año. Según la Ley de Carrera Fiscal (30483), los fiscales solo pueden trabajar hasta cumplir los 70 años de edad. Ambos alcanzan dicho límite el 14 y 26 de junio, respectivamente, del 2026.
Inclinan la balanza
Patricia Benavides y Luis Arce Córdova no han mostrado cercanías a sus dos pares antes mencionados. La primera, exfiscal de la Nación, fue restituida como fiscal suprema en agosto.
El camino a ello, sin embargo, estuvo marcado por disputas entre su sucesora, Delia Espinoza, y la JNJ, pues esta también dispuso, sin éxito, que Benavides se reincorporara como titular de la Fiscalía.
Ya en meses anteriores, en su intento por retornar a la JFS, Benavides tuvo como abogado a Jorge del Castillo, excongresista del APRA. Así, evidenció cercanías con el partido de la estrella.
Al igual que Gálvez, Arce Córdova también ha sido vinculado al Caso “Cuellos Blancos” y tiene una investigación en curso por ello. En marzo último, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra.
“Habría prestado auxilio, de manera dolosa, al entonces juez supremo, César Hinostroza”, para ayudar en la postulación de Agustín López de fiscal provincial a superior ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
Su salida del cargo se produjo en junio de 2022. La anterior JNJ concluyó que “adelantó opinión sobre nulidades de actas electorales sin que exista pronunciamiento institucional del Jurado; y también expresó frases ofensivas contra magistrados”.
Además, anunció su apartamiento como representante titular del MP ante el JNE pese a que el cargo era irrenunciable.
Finalmente, Juan Carlos Villena fue el gestor del reglamento de la Ley 32130, emitida por el Congreso, y que devolvió la conducción de la investigación preliminar a la Policía Nacional. Por esta acción, el Parlamento estuvo cerca de inhabilitarlo por diez años el último 3 de diciembre.
El dato:
Gustavo Gorriti ya no enfrentará la investigación que se le seguía, por presunto cohecho, tras su presunta injerencia en el Caso “Cócteles” y otros.
Según el exasesor fiscal Jaime Villanueva, el periodista brindó apoyo mediático a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela. El abogado Carlos Rivera informó que la Fiscalía les notificó del “archivo (del caso) por inexistencia de evidencia”. El fiscal Alcides Chinchay dejó el caso meses atrás.
