El abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, emplazó al juez Richard Concepción Carhuancho, acusándolo de presunto prevaricato al permitir, dijo, la audiencia de prisión preventiva en el caso “Waykis en la sombra” bajo “una ley derogada”.
El magistrado preside el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, ayer, evaluó una eventual prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, en el caso “Waykis en la sombra”.
BENEFICIOS.
El defensor legal de la presidenta mostró un claro interés por los beneficios de la nueva Ley 32108 promulgada el 9 de agosto último, que modifica algunos artículos de la Ley 30077 contra el crimen organizado.
El abogado estuvo locuaz con la prensa en declaraciones al culminar una diligencia en la Fiscalía a la que acudió Dina Boluarte para dar su testimonio en el caso “Qali Warma”.
En ese momento se desarrollaba también la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda (exabogado de la presidenta) en el caso “Waykis en la sombra”.
El letrado de Palacio de Gobierno cuestionó al juez en estos términos.
“El juez Concepción Carhuancho está permitiendo que se discuta un requerimiento de prisión preventiva (...) acerca de una estructura de organización criminal bajo una ley derogada. Y eso, es prevaricar”.
En seguida, demandó que el juez, antes de proseguir con la audiencia, debería resolver si aplicará o no dicha ley.
“La ley contra el crimen organizado, independientemente de que nos guste o no, es una ley vigente”, remarcó.
A su juicio, “antes de continuar la tramitación de su audiencia de prisión preventiva debería resolver si se va a hacer o no eco a esa ley. Lo que corresponde es que se haga eco de esa ley”.
“No se puede tener una actitud desafiante y hacer un control difuso que no le corresponde”, prosiguió el abogado, sugiriendo que el propio magistrado podría ser sacado del caso si se determina que el caso de Nicanor Boluarte no corresponde a una tipicidad de organización criminal.
Concluyó: “De manera que es un dato absolutamente terminante de cara a su continuación”.
Se le preguntó si la presidenta Boluarte estaba preocupada por la situación legal de su hermano.
Respondió: “Es su hermano. Cualquier tema vincudo al tema legal o de salud por supuesto que le preocupa”.
La ley 32108, promulgada el 9 de agosto último, modifica algunos artículos de la Ley 30077 contra el crimen organizado.
La reciente norma eleva los estándares para el delito de organización criminal, modifica su descripción y la define como “una compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”.
Su objetivo es únicamente el beneficio económico.
En los hechos, a juicio de divesos penalistas, la nueva ley debilita la tipicidad del delito de crimen origanizado en relación con la norma anterior.
Líderes de partidos políticos y congresistas, como el prófugo Vladimir Cerrón, y los congresistas José Luna Gálvez y Waldemar Cerrón, se acogieron de inmediato a la nueva ley exigiendo ser excluidos de las investigaciones que afrontan.
CUESTIÓN PREVIA.
Cabe precisar que el juez Richard Concepción Carhuancho anunció que hoy,martes 27, continuará la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros investigados.
El Miércoles 28 de agosto no habrá audiencia de prisión preventiva, y en su lugar debatirán una Cuestión Previa relacionada con el caso a partir de las 15:00 horas.
Es probable que el tema a debatir sea la nueva ley de crimen organizado y su aplicación.
CASO DIVIAC.
En relación a la desactivación de la DIVIAC afirmó el abogado que la presidenta Boluarte no ordenó dicha acción contra el grupo policial.
Esta decisión, dijo, fue tomada por el exministro del Interior, Walter Ortiz.
Señala que la presidenta no tiene potestad para intervenir en asuntos administrativos de la Policía Nacional.
Portugal se refirió también a un audio que comprometería al ministro del Interior Juan José Santiváñez.
Pese a no ser vocero de Palacio de Gobierno, el abogado dijo haber elaborado cinco hipóstesis sobre dicho material: podrían haber sido manipulados; el ministro podría haber usado el nombre de la presidenta sin su consentimiento; cuestionó la credibilidad de los testigos involucrados; podrían ser fraguados, etc.
En cuanto al caso “Qali Warma” y la presunta responsabilidad de Dina Boluarte refirió que está en una etapa inicial, por lo que no se pueden sacar conclusiones definitivas aún.
Enfatizó que cualquier acusación debe ser probada con evidencia concreta, a su juicio “algo que no ha sucedido hasta el momento”.
DINA EN FISCALÍA.
La presidenta Dina Boluarte acudió temprano a la sede de la Fiscalía de la Nación y permaneció allí por tres horas en en el marco de las diligencias preliminares por el caso Qali Warma.
Según el abogado, Boluarte respondió aproximadamente 40 preguntas del equipo de la Fiscalía y también las de la Procuraduría General del Estado.
El caso configura el presunto delito de negociación incompatible en que Boluarte habría ocurrido cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo.
