El congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que tiene como objetivo que se eliminen los movimientos regionales en el país a fin de que los partidos políticos puedan fortalecerse. De esta manera se busca modificar el artículo 35 de la Constitución.

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“Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos o alianzas, conforme a ley. Los que contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica”, se indica en el nuevo texto propuesto para cambiar la carta Magna.

En la exposición de motivos se indica que la mayor cantidad de autoridades electas que ocupan cargos de gobernadores regionales y alcaldes provinciales, así como distritales, pertenecen a movimientos regionales, donde se encuentran muchas autoridades involucradas en actos delictivos contra la administración pública.


“La atomización con un número elevado de movimientos regionales, para participar en las elecciones, precariza la presencia de los partidos políticos en las regiones, debido a que, los ciudadanos una vez inscritos en los movimientos regionales, no se inscriben en los partidos políticos; por ello, la captación y convencimiento de ciudadanos para que sean afiliados se convierte en una tarea muy difícil y por ende no alcanzan a lograr los mínimos requeridos, perdiendo presencia partidaria sobre todo en el interior del país”, se alega en la iniciativa.

Por ello, consideran que la eliminación de los movimientos regionales permitiría fortalecer a los partidos, ya que los ciudadanos que deseen participar directamente en la vida política del país “lo tendrían que hacer únicamente a través de un partido político” con una organización administrativa sólida y mejoraría la percepción,, así como legitimidad ante la población.

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“Recalcamos que la población en general será la beneficiaria directa debido a que deberán de elegir entre un menor número de candidatos y podrán evaluar con mayor rigurosidad a los candidatos y las propuestas de sus planes de gobierno, considerando que hasta la fecha la atomización de candidatos no permite a la ciudadanía hacer una evaluación consciente tanto de los participantes en la elección como la de sus propuestas”, se acota en el análisis costo-beneficio.

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