En suspenso quedó el pedido del expresentador de TV Andrés Hurtado, procesado por presunto tráfico de influencias y cohecho, para cesar su prisión preventiva. El juez supremo Juan Carlos Checkley escuchó ayer a la defensa del comediante y al fiscal William Rabanal para adoptar una decisión.
Panorama
El comediante se encuentra recluido en el penal de Lurigancho. El caso se conoció en 2024, cuando fue sindicado de interceder a favor del empresario Javier Miu Lei para que recupere unas barras de oro que la Fiscalía le incautó, a cambio del pago de una presunta coima a la hoy también detenida fiscal Elizabeth Peralta.
Durante la audiencia, el fiscal Rabanal cuestionó los elementos presentados por la defensa, entre ellos, que la futura empresa contratante de Hurtado para labores de “producción, marketing y publicidad de espectáculos”, si es que es excarcelado, solo tiene dos trabajadores registrados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y tiene como “actividad principal la construcción de edificios”.
Agregó que su propietario, Juan Ricardo Flores Chipoco, tiene un amplio historial de denuncias desde el año 2006 por cargos como “falsedad genérica, asociación ilícita y corrupción de función jurisdiccional”.
“Llegamos, señor juez, hasta el 2026. (Está) acusado por hurto agravado y corrupción de funcionarios. Esa es la persona que ha firmado este documento y que le va a otorgar trabajo al señor Hurtado”, remarcó el fiscal.
Añadió que “hay testigos que van a concurrir a (un eventual) juicio y, por lo tanto, existe el potencial peligro de obstaculización, porque los testigos son conocidos” del exconductor televisivo.
Por su parte, el procesado cuestionó la labor del Ministerio Público. “El primer circo que construyó la Fiscalía fue que mientras yo estaba en la clínica ya me habían dado por fugado”, afirmó.
