El Congreso de la República electo en el 2021 no solo se ha caracterizado por tener un alto nivel de desaprobación, denuncias contra congresistas denominados “mochasueldos” e implicados en presuntos actos de corrupción, sino también por ser un Parlamento interesado en velar por sus propios intereses.
Y es que en los dos últimos años se ha evidenciado cómo el Congreso ha impulsado al menos nueve leyes con nombre propio (ver infografía).
LUZ VERDE
El 19 de abril de 2022, José Arriola, entonces congresista de Acción Popular, presentó un proyecto para que se autorice al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de forma excepcional y por única vez, la ampliación de la presentación de las listas de candidatos para las elecciones internas municipales y regionales 2022.
Nueve días después, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa. Curiosamente, la propuesta llegó a mesa de partes luego de que el partido de la lampa no pudiera inscribir a tiempo a sus precandidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana y 17 distritos de la capital.
Sin embargo, una norma promulgada que ha llamado más la atención es la ley de prescripción, denominada por algunos como “Ley Soto”.
El texto modifica el artículo 84 del Código Penal para establecer un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito, es decir, los procesados por delitos graves, cuyos casos tienen un tiempo determinado, se podrían beneficiar.
Precisamente, Alejandro Soto, presidente del Congreso, utilizó la ley este año para lograr archivar un proceso en contra por el que la Fiscalía pedía una sentencia de ocho años y ochos meses de cárcel.
También está la propuesta que establece que los acuerdos de colaboración eficaz se deban cerrar en un máximo de ocho meses, más una prórroga de cuatro meses en casos comunes y otra de ocho meses si la investigación involucra crimen organizado.
Originalmente, la iniciativa fue impulsada en 2020 por la bancada de Podemos, grupo que dirigía el entonces congresista José Luna Morales.
El exlegislador es investigado por integrar una red criminal y su caso escaló tras la confesión de un colaborador eficaz.
La norma aprobada por el Congreso el 22 de junio recibió críticas de diferentes sectores al considerar que se dificultan las investigaciones.
Por ahora, el texto ha retornado a la Comisión de Justicia para un mejor estudio luego de la observación del Poder Ejecutivo.
Por último, uno de los texto que se aprobó solo en primera votación, aunque al final no obtuvo los resultados deseados, es la denominada “ley mordaza”.
El texto pretendía modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal para incrementar las penas para los delitos de calumnia y difamación en medios de comunicación.
Luego de advertir que la iniciativa atentaba con la labor de los periodistas, el Congreso retrocedió y votaron por enviarla al archivo.
PENDIENTE
Una de las bancadas más activas si se habla de leyes con nombre propio es Acción Popular.
A principios de agosto presentaron una iniciativa de reforma constitucional para restituir la inmunidad parlamentaria. Los firmantes del texto, entonces miembros de esa bancada, se encuentran investigados en el denominado caso “Los Niños”.
Precisamente, son investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por lo que en algún momento podrían ser destituidos.
Aunque no es la única norma que “Los Niños” pretenden impulsar para blindarse.
En marzo impulsaron una ley para que la Comisión de Ética no pueda investigar ni sancionar a los legisladores que se encuentran investigados en la Fiscalía.
Su propuesta llegó en medio de una investigación en Ética, grupo que propuso como sanción suspender a dos de los investigados por 120 días.
En comisiones también se encuentran la ley de amnistía que presentó Guido Bellido (Perú Bicentenario) para que el expresidente Pedro Castillo y todos los implicados en el golpe de Estado, así como la propuesta para que en caso de que se apruebe una vacancia de toda la plancha presidencial, no se convoque a elecciones del Congreso.
Es decir, se propone que si Dina Boluarte es destituida, solo se renueva la presidencia, pero el Legislativo no.
La situación coincide con la situación que vive el Perú, porque después de Boluarte no hay una segunda vicepresidencia que pueda reemplazarla en el puesto.
El caso más reciente es la iniciativa que presentó Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) para que se modifiquen las causales de la exoneración de la pensión de alimentos.
Su iniciativa llega después de que la justicia desestime sus pedidos para ser eximido del pago de manutención de su hija. El legislador ha intentado librarse de su responsabilidad en tres ocasiones.
La norma ha recibido una serie de críticas, a tal punto de que su autor no ha descartado retirarla.
ANÁLISIS
Para el analista político Alejandro Rospigliosi, el Reglamento del Congreso es una tarea inacabada que puede perfeccionarse. Sin embargo, consideró que pese a que todavía los cambios no se han concretado, no debe significar que exista impunidad.
“El Código Penal prevé el delito de patrocinio ilegal, pero además el reglamento del Congreso es muy claro al establecer que los congresistas no pueden recibir beneficios personales a costa del ejercicio de su cargo”, indicó.
En diálogo con Correo, Rospigliosi dijo que cuando se vayan a debatir proyectos de ley donde los congresistas puedan recibir algún beneficio personal o para sus familiares, deben expresarlo públicamente en el debate.
“No hacerlo incurre en una responsabilidad y podrán ser suspendidos del cargo hasta 120 días, pero en paralelo yo creo que la Fiscalía de la Nación debe iniciar una investigación preliminar por el presunto delito de patrocinio ilegal, luego avanzar ante la Subcomisión, luego un debido proceso para ser suspendidos en el cargo y reemplazos por sus accesitarios”, explicó.
Finalmente, el experto remarcó que los legisladores no pueden utilizar el cargo para un beneficio personal, porque son funcionarios públicos.
